Los municipales iniciarán un plan de lucha el próximo lunes, luego de que no obtuvieran respuestas favorables a sus reclamos de aumentos salariales. Ayer, mantuvieron una nueva asamblea en la que resolvieron desarrollar retención de servicios desde la semana entrante ya que exigen un incremento salarial en porcentaje similar al que estipuló el Deliberante para los ediles y revisores de Cuentas que ronda el 65%.

Declaraciones del intendente Jorge Ferreira en referencia a que existen razones políticas en el conflicto que se expresa diariamente con trabajadores en la calle, marchas y bombas de estruendo y que ahora incluirá restricciones a los servicios, disparó una polémica con el legislador del FpV, Roberto Vargas, que responsabilizó al gobierno municipal de la situación.

La encargada de responderle a Vargas fue la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, Mercedes Querejeta, quien apuntó al gobierno provincial de perjudicar a Viedma en los últimos siete meses, desde la asunción de las nuevas autoridades.

Mientras tanto, los trabajadores intentaron reunirse con los concejales, pero desde el cuerpo parlamentario se negaron a recibirlos ya que los ediles consideraron que esta semana hubo insultos y faltas de respeto hacia los funcionarios por parte de los trabajadores.

En tanto, el secretario general de Soyem, Juan Carlos Martínez, criticó duramente que no recibieran al gremio ni el Ejecutivo y ni el Concejo para tratar el conflicto suscitado por el aumento de más del 60% que se otorgaron los concejales en sus dietas, mientras que a los trabajadores les otorgaron el 26,2% progresivo a noviembre. El adjunto del gremio Nelson Velázquez, dijo que aún hay trabajadores que cobran 1.380 pesos y que hubo amedrentamientos y amenazas a empleados. Por ejemplo, a algunos les habrían quitado horas extras y a contratados les habrían recordado su condición de precaria estabilidad, según indicó Velázquez.

Martínez, en tanto, rechazó que hayan agredido a los concejales y desmintió las expresiones del intendente Jorge Ferreira respecto a que habría un trasfondo político en el reclamo.

La asamblea resolvió a partir de la semana que viene una retención de servicios de 8 a 10, hasta el viernes, lo que se comunicará con 48 horas de antelación a la secretaría de Trabajo.