El convenio se rubricó en el marco de un encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno y del que participaron el secretario general de la Gobernación, Francisco González; el ministro de Hacienda, Carlos Oliva; el director general de la Administración del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Marcelo Canneva y dirigentes del gremio.

En el marco del acuerdo, el Gobierno se comprometió a iniciar el proceso de construcción de 42 viviendas sociales en Viedma y la zona, mientras que las firmas constructoras que operan en la región garantizaron un mayor ritmo de obra para lograr la contratación de más personal.

“Hubo un buen entendimiento entre las partes, lo que permitió que el gremio, después de evaluar la oferta en asamblea, haya levantado las medidas de fuerza”, explicó el ministro Oliva, tras el encuentro.

Con la firma del acuerdo serían unos 100 puestos laborales los que se garantizaron para los próximos meses. Esto generará un alivio en el sector hasta que se inicien las futuras obras previstas para fin de año.

“El acuerdo fue tripartito. Las empresas se comprometieron a acelerar el ritmo de obra, el Gobierno va a construir viviendas sociales y el gremio también bajó sus pretensiones”, destacó el ministro.

Aseguró que “la negociación fue ardua y todos cedimos un poco” y rescató “la forma correcta en que el gremio hizo el reclamo, sin ningún tipo de desmán”.

Oliva explicó que las tres partes se encargarán de monitorear el cumplimiento del acuerdo. “Este es un problema que se repite porque siempre hay baches entre la finalización de unas obras y el comienzo de otras. El objetivo es trabajar para achicar este bache y tener un pleno empleo”, aseguró finalmente.