Volvió descansada y feliz, luego de compartir con sus tres hijos caminatas, comidas y paseos en la paradisíaca Villa La Angostura. Ya de regreso en su despacho, y dispuesta a aprovechar este 2018 “de gestión pura” para avanzar con su propia agenda, María Eugenia Vidal se pondrá a tono con la batalla que el gobierno nacional libra en estos días con el sindicalismo, que incluye mayores controles sobre el manejo de los gremios y las obras sociales.

 Tiene en la mira, como todos los veranos, la inminente negociación salarial con los gremios docentes. Se prepara para un verano conflictivo, con una “negociación larga” y con condimentos de “extorsión política”, según definen a su lado. A la vez, y mientras ansía que las clases comiencen en la fecha fijada -el 5 de marzo-,Vidal prepara su propia artillería para dar la batalla ante la opinión pública.

La gobernadora bonaerense cree que los sindicalistas docentes “no deberían preocuparse, al menos los que hacen las cosas bien. Los que son mafiosos, o hicieron trampa con las afiliaciones, ellos sí deberían preocuparse “, afirman a su lado.

En su territorio, apunta al titular de Suteba, Roberto Baradel , y al resto de los gremios docentes, que a pesar de asistir a algunas reuniones preliminares no aceptaron sentarse a negociar los aumentos salariales en diciembre y que a la vez rechazan la política de control de las “afiliaciones compulsivas” que encara la gestión de Cambiemos en la provincia desde hace casi dos años y que se profundiza por estas horas.

“No hay ni techo ni piso para la negociación salarial. Pero a Baradel no le interesaba arreglar en diciembre, quería llevar todo a febrero porque cree que así va a obtener más”, afirmaron muy cerca de la mandataria provincial.

Vidal cree que las discusiones paritarias de los años anteriores (en la del año pasado los docentes llegaron a realizar un mes entero de huelga) deja en claro para la sociedad quién es quién. “Al final, no importa el partido, ni siquiera la ideología. Para la gente es: te creo o no te creo”, reflexiona la gobernadora en la intimidad. Y cree que, en el campo de la credibilidad, hay un mar de distancia entre ambos, del cual sacará provecho.

“Los gremios que arreglaron sin conflicto el año pasado terminaron cobrando más dinero que los que complicaron y apostaron a ese conflicto”, dicen cerca de la gobernadora, y recuerdan que recién en la última semana de junio del año pasado se pudo cerrar el acuerdo salarial con el Frente Gremial Docente. ¿Se usará la cláusula gatillo en esta negociación? “Hay que analizarla, puede servir para una negociación y para otra no. Baradel antes la rechazaba y ahora la pide”, contestaron desde el gabinete bonaerense. La semana pasada, los docentes bonaerenses afirmaron que no aceptarán la oferta preliminar de un 15 por ciento de aumento anual sin esa cláusula de reactualización de acuerdo con la inflación.

Más allá de la cuestión salarial, Vidal lleva adelante una iniciativa para “limpiar” las afiliaciones a los gremios docentes. A través de la plataforma ABC -el vínculo entre los docentes y el gobierno bonaerense en el sitio web provincial, unos 30.000 docentes (de un total de 350.000, contando el personal no docente) fueron informados de que están afiliados a más de un sindicato docente. “Es una cuestión meramente informativa, el docente que quiere desafiliarse lo hace yendo al gremio y el que no quiere queda como está”, explicó uno de los ministros claves de la gestión de la gobernadora.

En marzo de 2016, el entonces ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, denunció afiliaciones inconsultas por parte del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), encabezado por el sindicalista y empresario de medios Marcelo Balcedo, actualmente preso. Su sucesor en la provincia, Gabriel Sánchez Zinny, continuó con ese proceso de depuración de los padrones sindicales, y así llegaron a esa cifra de 30.000, que “podría ampliarse”, según fuentes de ese ministerio.

Los docentes no son ni serán el único frente de conflicto sindical. Cerca de la gobernadora niegan la existencia de un plan de aumento de la edad jubilatoria en el contexto del déficit del Instituto de Previsión Social (IPS), que en 2017 fue de $2600 millones. “No hay nada, aunque creo que hay que discutir la manera de revertir el déficit”, dicen desde la gobernación, y culpan a la gestión de Daniel Scioli por el actual desequilibrio en las cuentas.