Recuperar Vicentin, con participación del Estado y desplazar a los responsables de su debacle forma parte de la agenda de la comisión de seguimiento que organizó la Cámara de Diputados de Santa Fe posterior a la mayor cesación de pagos en la historia de la provincia. El grupo de doce legisladores de todos los partidos se reunió con el Banco Nación, principal acreedor, y le pidió una audiencia a Alberto Fernández.

Uno de los puntos clave consiste en investigar el desvío de millones a guaridas fiscales y el desguace de la compañía, con complicidad judicial. La compañía vendió sus activos o se los cedió a una offshore creada ad-hoc en Uruguay, que pretende dejar afuera del expediente que tramita en Reconquista.

La comisión concebida por el concurso de la principal cerealera nacional viajó a Buenos Aires para dialogar con las autoridades del BNA. Participaron su presidente Eduardo Hecker, el director Claudio Lozano (quien denunció penalmente el vaciamiento), y el gerente de legales, Sergio Bárzola, según pudo recabar El Destape.

Tras realizar un racconto de los objetivos, los diputados provinciales mostraron su preocupación por las acciones de Vicentin y del juez Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que interpretan buscan dilatar los tiempos hasta que venzan los plazos en septiembre. De ese modo, estiman, la compañía planteará una propuesta perjudicial para los acreedores y esto derive en el pedido de quiebra. El meollo consiste en la escases de activos que quedaron en el país.

“Entrevistaron al juez y se dieron cuenta que responde con las mismas palabras que el directorio de Vicentin”, graficó a El Destape una fuente con conocimiento del trabajo de la comisión. La parcialidad del magistrado salta en las críticas de la mayoría de los estafados por la empresa.

En medio del desvelo por los tiempos, los legisladores vieron con agrado de que el BNA haya consentido dialogar en base a la propuesta de los productores granarios. Acreedores explicaron a este medio que la cerealera declara contar con la voluntad de negociar, pero jamás presentó por escrito una propuesta interpretada como aceptable. De hecho, en la reunión Hecker apuntó: “Nunca alcanzaron un acuerdo con los acreedores comerciales. Me llamó la atención y no aparece como cierta la voluntad de seguir operando”.

Ante esto, los legisladores santafecinos y los titulares del Banco Nación acordaron como principal objetivo recuperar los puestos de trabajo perdidos. En segundo lugar, que la empresa vuelva a trabajar como parte de un acuerdo que incluya a todos los sectores, lo que comprende tanto al Estado Nacional como al provincial.

Además de esto, coincidieron en que no se puede alcanzar ninguna resolución con los actuales directivos, responsables del crack financiero de una de las compañías más grandes de Argentina y de su posterior desguace. No menos importante, los diputados establecieron como eje realizar un seguimiento de a dónde fue a parar el dinero que, antes o durante el concurso se desvió para reducir el patrimonio con el que responder a las obligaciones.

Tras el encuentro, la comisión de seguimiento solicitó en Casa Rosada una audiencia con Alberto Fernández. De este modo, procuran dialogar con todas las partes involucradas para investigar los hechos e intentar conseguir soluciones a la crisis.

La compañía defraudó a 1.800 productores, a quienes les tomó los granos pero no concretó su pago. En total la compañía defaulteó $ 99.000 millones el año pasado. Durante el macrismo, los exfuncionarios aumentaron la exposición del Banco Nación hasta U$S 300 millones, muy por encima del límite permitido legalmente.