Por cumplir a rajatabla con las órdenes que bajan desde la Casa Rosada, el vicegobernador Gabriel Mariotto, que mantiene una estrecha alianza con los muchachos de La Cámpora, se parece cada vez más al denostado exvicepresidente Julio Cobos.
Tal como lo viene informando este diario, tanto Mariotto como distintos sectores kirchneristas tienen el objetivo de esmerilar la imagen de Scioli, con el fin de evitar que siga instalándose como figura principal del peronismo para suceder a Cristina Kirchner, después de 2015, en el sillón de Rivadavia. Y para cumplir con esa misión, no dudan en poner trabas permanentes a la gestión provincial, apuntando sus cañones a dos áreas muy sensibles: la seguridad y los intricados negocios del juego, como si el Gobierno nacional no tuviese una responsabilidad directa por lo que está ocurriendo.
Concretamente, en lo que se refiere al negocio del juego, no son pocos los que ven que, detrás de la movida
contra Boldt, no sólo se esconde la necesidad de tapar el escándalo que involucra a Boudou en el affaire por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, sino que también habría algunos intereses económicos concretos que apuntan a quedarse con ciertos negocios con el Estado bonaerense.
Son conocidos los estrechos vínculos que existen, desde hace años, entre sectores del kirchnerismo y el empresario Cristóbal López, dueño del casino flotante de Puerto Madero y de las máquinas tragamonedas que funcionan en el Hipódromo de Palermo. Cristóbal, además, tienen una empresa llamada Intralot, que podría ser utilizada para cumplir con el servicio de captación de apuestas y control on line de las tragamonedas, un negocio millonario que, desde la gobernación de Duhalde, está en manos de Boldt.
A su vez, López también estaría operando para instalar máquinas tragamonedas en el Conurbano norte -en el hipódromo de San Isidro o en el Showcenter de Vicente López- en una competencia directa con el Casino Trillenium, que curiosamente regentea Boldt.
A su vez, muchos de los diputados que aprobaron el pedido de informes relacionado a los vínculos entre Boldt y el Ejecutivo provincial formaron parte del oficialismo durante las gestión Felipe Solá, donde se cocinaron varios negocios oscuros en relación al juego, incluido el decreto que permite renovar las licencias de las salas de juego durante 15 años a cambio de un irrisorio canon, que puede ser pagado en 60 cuotas.






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