Si uno se detiene a leer la lista de las más de cien leyes vetadas por Mauricio Macri hay algunas normas que, desde lo técnico, ni siquiera deberían haber sido sancionadas por la Legislatura porteña. Ahora bien, muchas de ellas fueron acompañadas por el bloque oficialista, con lo cual, como mínimo hay una falla severa en la comunicación entre Perú 160 y Bolívar 1.

Además, algunas iniciativas son cuestionables pero otras tienen una carga social importante y rechazarlas implica pagar un costo político que no se justifica. Es lógico cuidar los recursos del Estado -que muchos que no tienen la responsabilidad de gobernar se esmeran en asignar- pero hay leyes que no representan una erogación exagerada de dinero.

Este viernes se publicaron en el Boletín Oficial dos decretos para sumar vetos a la nómina. El decreto 50/12 veta la Ley 4094, por el que se otorgaba un subsidio por el monto de 50.000 pesos a la "Asociación Síndrome de Down de la República Argentina", para afrontar los gastos demandantes de la organización y ejecución de las labores sociales que lleva adelante".

Según el Ejecutivo "la Comisión para la Plena Participación e Inclusión delas Personas con Discapacidad (COPIDIS) no dispone en su partida presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente al subsidio en cuestión".

Asimismo, sostiene: "El Poder Ejecutivo comparte el espíritu del proyecto de ley, pues es objetivo de este Gobierno continuar promoviendo la inclusión, la participación y el ejercicio de ciudadanía de las personas con discapacidad a través del apoyo a las iniciativas y propuestas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil que las agrupan y por otras interesadas en abordar la temática".

Y añadió: "En tal sentido, por decreto 704/08 se aprobó el Programa de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de Personas con Discapacidad, dependiente de COPIDIS, con el objeto de brindar apoyo económico a través de subsidios y asesoramiento técnico a las entidades de bien público y/o asociaciones que desarrollen actividades de asistencia y promoción para las personas con discapacidad dentro de la Ciudad".

"El decreto N° 234/11 estableció el monto del mencionado subsidio entre la suma de 5.000 pesos y 50.000 pesos para cada proyecto seleccionado, no pudiendo superar el monto otorgado anualmente a una institución, la suma total de 150.000. En los últimos años ASDRA ha recibido en el marco del referido Programa tres subsidios, por un monto total de 65.000 pesos", añadió.

Por último, expresó: "No se han acreditado las razones que podrían justificar la entrega diferencial de un subsidio a la referida Asociación, por lo que no resulta conveniente otorgar únicamente un beneficio de este tipo a una entidad en desmedro de muchas otras organizaciones de la sociedad civil que también llevan adelante actividades de colaboración con el rol estatal sobre la temática. Por tanto, se considera oportuno que ASDRA formule un proyecto para las convocatorias que anualmente se realizan, garantizándose de esta forma el trato igualitario a toda institución que pretenda resultar beneficiaria de un subsidio, y evitándose violentar el principio de igualdad con el que deben ser consideradas la totalidad de las organizaciones civiles".

Asimismo, el decreto 53/12 veta la Ley 4119, por el que se convoca a la realización del Congreso Pedagógico de la ciudad de Buenos Aires. Los fundamentos del mismo aseguran que "la falta de coordinación y programación puede tener como consecuencia que la implementación de los Talleres -y del Congreso mismo-atente contra la agenda educativa y el cumplimiento de los 190 días de clases previstos por acuerdos federales para el año 2012".

Y agregan: "dar cumplimiento a este requerimiento del proyecto de Ley bajo examen supone poder contar con equipos técnicos dedicados a este fin, además de dotarlos de todos los recursos necesarios para implementar los Talleres y el artículo 6° dispone que el Vicepresidente 1° de la Legislatura de la Ciudad dispondrá los mecanismos administrativos de implementación y coordinación del Congreso Pedagógico con el Poder Ejecutivo y otros organismos"

"De conformidad con lo prescripto por los artículos 102 y 104 de la Constitución dela Ciudad es el Jefe de Gobierno quien formula y dirige las políticas públicas. Esa facultad constitucional conlleva necesariamente, en el caso, la responsabilidad central del Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Educación- en la instrumentación del Congreso Pedagógico, por ser el responsable del sistema educativo de la Ciudad", concluyen.