Veto parcial para la ley de El Espinillo: cláusula de integración

El gobierno provincial decidió dictar un veto parcial al texto votado por los diputados para la municipalización de El Espinillo, con la idea de introducir una inédita cláusula de “integración” que garantice que los cargos de concejales y de empleados permanentes y transitorios de la nueva comuna serán ocupados por aborígenes en la misma proporción de indígenas que haya dentro de la población total del lugar.
n otras palabras, si se determinara que el 80% de los habitantes de El Espinillo son aborígenes, también deberá mantenerse ese porcentaje para la distribución de concejalías y de puestos de trabajo dentro del municipio, reservando también el porcentaje correspondiente para blancos o criollos. Esa decisión fue presentada ayer por el gobernador Jorge Capitanich, que dijo que de ese modo se evitarán conflictos en el nuevo municipio y se asegurará un llamado a elecciones sin conflictos para elegir intendente y Concejo Municipal. Censo como base “De este modo el gobernador quiere reivindicar y asegurar los derechos de los pueblos originarios”, dijo a NORTE el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, al explicar los alcances de la decisión. El veto parcial ya fue comunicado a la Legislatura, que es la que ahora debe decidir si acata el cambio sugerido por el Ejecutivo o ratifica el texto original votado para la ley de municipalización. Pedrini consideró que con la modificación “se va a poner en un pie de igualdad con criollos y blancos que conviven en la zona”. El ministro incluso planteó que los demás municipios “deberían imitar la medida y aplicarla en sus jurisdicciones, sobre todo en aquellas comunidades con una importante presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios”. Para aplicar la cláusula, se aprovechará el censo nacional de población que se realizará en octubre próximo. Allí quedará precisado qué porcentaje de la población de El Espinillo es aborigen y cuál corresponde a criollos. Es que por primera vez un censo argentino incluirá entre sus preguntas si los censados tienen ascendencia indígena o no. “Es una acción de discriminación positiva que no tiene antecedentes en el país” (sic), destacó Pedrini. Será, en ese sentido, algo similar a lo que ya sucede desde los ’90 con el “cupo femenino”, que obliga a los partidos políticos a conformar sus listas de candidatos a cargos electivos con al menos un 30% de mujeres.

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