Confirmando que es sustancial conocer todos los números de los municipios, ingresos por regalías, por coparticipación, por adelantos, y por supuesto la planta de personal de cada uno de ellos, el diputado de Puerto Santa Cruz, Alejandro Victoria, sostuvo que eso es “fundamental para evaluar el veto del artículo segundo de la ley 3.267”.

Dijo el legislador en el programa El Espiral, por LU 12 Radio Río Gallegos, que son temas que se deben evaluar, “pero el veto hay que aceptarlo como primera medida y después ver la situación de cada uno de los Municipios, donde hay situaciones similares entre algunos y también dispares en comunas que son de características similares”, indicó.

Sobre lo que dijo el intendente de El Calafate, de la necesidad de que existan normas de responsabilidad fiscal para las comunas, “es algo que comparto plenamente. Para que si un municipio da un aumento o incrementa su personal, que eso repercuta en la economía municipal y no en la del Estado provincial, como ocurría históricamente”.

Al preguntarle si considera que hubo apresuramiento en la aprobación de la ley, Victoria no dijo que sí en forma directa, pero lo dio a entender. Aclaró que “en ese momento hubo diferentes posturas dentro del Bloque cuando se sancionó la ley. En lo personal entendía y sigo sosteniendo que a mi pueblo, al cual yo represento, no le generaría un impacto positivo a las arcas municipales, pero lo primero que hice fue consultar a mi intendente si a él le servía la norma y dijo que sí, por lo que, por más que no estaba de acuerdo con la redacción de la ley, la tenía que votar, porque mi responsabilidad primaria es responder por mi localidad y si el intendente estaba de acuerdo, tenía que avalarlo”, sostuvo.

Otras normas fiscales

Pero aclaró que en realidad, más allá de que la ley de financiamiento no contenga pautas de responsabilidad fiscal, hay otras leyes que obligan a las comunas a tenerlas. Explicó, en ese sentido Victoria, que “cuando se sancionó la ley de Presupuesto, la 3.256, en su articulado, más precisamente en el artículo 24, se creó un programa de reordenamiento municipal, en el cual para las asistencias extras que van a los Municipios cada uno de ellos tenía la obligación, entre otras cosas, de adherirse a la ley nacional de responsabilidad fiscal, mantener congelada las vacantes de los cargos municipales, enviar la documentación en forma bimestral y mensual que se requieran, como ejecuciones presupuestarias, planillas de personal y demás”.

Por lo que enfatizó “o sea que ahí hay normas de responsabilidad. Como también lo está en el artículo 22 de la ley de Presupuesto, que establece que cualquier otra ley que se vaya a sancionar en la provincia de Santa Cruz y que signifique gastos, tiene que modificarse, primero, la ley de Presupuesto”, sostuvo.

Ante lo que el diputado y vicepresidente del Bloque del PJ insistió en que “realmente hay cuestiones que hay que discutir, y mucho, y tal vez por aquella decisión de la mayoría de los intendentes, hoy estamos en esta situación, en la cual lamentablemente tenemos que tomar la determinación de aceptar el texto alternativo del Poder Ejecutivo del artículo 2do., y creo que en eso vamos a coincidir todos los diputados” sostuvo, entendiendo que luego se deberán plantear las modificaciones a la norma que se crean necesarias.