El Ejecutivo bonaerense argumentó falta de recursos económicos. Es un mecanismo para no afectar el presupuesto. Se frena la titularización del inmueble pero, con el rechazo al veto de la Legislatura, los miembros de la cooperativa podrán ingresar al inmueble a trabajar.
Cuando se declara una quiebra se tiene que vender el establecimiento a través de un remate judicial. Pero con la ley de expropiación y uso público se frena la venta y se vuelve atrás con los desalojos. Luego la Fiscalía de Estado debe tasar el inmueble para que el gobierno erogue al juzgado la expropiación. El rechazo a estas leyes, salvo algunas excepciones, es lo habitual por parte del Ejecutivo como mecanismo para evitar la ejecución del presupuesto bonaerense. En la provincia hay alrededor de 50 fábricas recuperadas que dan empleo a más de 7.000 trabajadores de cooperativas. En todas reclaman al gobierno que ejecute las expropiaciones atrasadas desde al menos 10 años. Las expropiaciones vetadas tienen por lo general 5 años de vigencia y se prolongan a través de prórrogas en la Legislatura. Esto es a pesar de que en 2008 las Cámaras sancionaron la ley marco para regular los procesos de expropiación. Allí se establece un régimen de evaluación para determinar la viabilidad de cada fábrica, su inserción social y económica. También prevé la realización de la tasación y la creación del Fondo Especial de Recuperación de Fábricas bonaerense, con partida anual en el presupuesto y el recupero que abonen las cooperativas, para afrontar las ejecuciones. Pero nada de esto se aplica porque la ley no fue reglamentada.

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