Vetaron la ley de expropiación del frigorífico Sadowa

El Ejecutivo bonaerense argumentó falta de recursos económicos. Es un mecanismo para no afectar el presupuesto. Se frena la titularización del inmueble pero, con el rechazo al veto de la Legislatura, los miembros de la cooperativa podrán ingresar al inmueble a trabajar.
LA PLATA (Corresponsal).- El gobierno bonaerense resolvió vetar la ley que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos y el inmueble donde funcionaba el frigorífico Sadowa para que los trabajadores puedan reactivarlo y el Estado provincial pueda destinar la mayor parte de esas tierras a planes de viviendas. Si bien los legisladores que impulsaron y acompañaron el proyecto intentaron asegurarse con el ministro de Gobierno, Eduardo Camaño, el aval para avanzar con el proyecto, el Ejecutivo vetó la medida por falta de recursos económicos para hacer frente al valor oficial de expropiación. La comunicación ya llegó a la Cámara de Diputados donde será tratada en la próxima sesión del 13 de julio y estaría garantizado el número para rechazar el veto del gobernador. Esto significa que si la Cámara del Senado también rechaza el veto del Ejecutivo, los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Recuperar Limitada podrán ingresar al edificio para comenzar a trabajar pero la ejecución de la expropiación quedará paralizada. Esto es porque el Poder Legislativo no puede tomar atribuciones presupuestarios por sobre el Ejecutivo, que en este caso debe erogar para la expropiación.

Cuando se declara una quiebra se tiene que vender el establecimiento a través de un remate judicial. Pero con la ley de expropiación y uso público se frena la venta y se vuelve atrás con los desalojos. Luego la Fiscalía de Estado debe tasar el inmueble para que el gobierno erogue al juzgado la expropiación. El rechazo a estas leyes, salvo algunas excepciones, es lo habitual por parte del Ejecutivo como mecanismo para evitar la ejecución del presupuesto bonaerense. En la provincia hay alrededor de 50 fábricas recuperadas que dan empleo a más de 7.000 trabajadores de cooperativas. En todas reclaman al gobierno que ejecute las expropiaciones atrasadas desde al menos 10 años. Las expropiaciones vetadas tienen por lo general 5 años de vigencia y se prolongan a través de prórrogas en la Legislatura. Esto es a pesar de que en 2008 las Cámaras sancionaron la ley marco para regular los procesos de expropiación. Allí se establece un régimen de evaluación para determinar la viabilidad de cada fábrica, su inserción social y económica. También prevé la realización de la tasación y la creación del Fondo Especial de Recuperación de Fábricas bonaerense, con partida anual en el presupuesto y el recupero que abonen las cooperativas, para afrontar las ejecuciones. Pero nada de esto se aplica porque la ley no fue reglamentada.

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