En la emblemática causa 30.615, radicada en la Secretaría número 3 del Juzgado Federal de Sección con sede en Azul, en la que se investigan los hechos ocurridos durante la última dictadura militar en el territorio de su competencia (Azul, Olavarría, Tandil, Las Flores, Saladillo) y en la que, entre otros, actuales militantes y dirigentes del Partido Obrero que entonces integraban la comisión directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul –ONG que aún es parte en los procesos abiertos como querellante- colaboran en la pertinente investigación juntamente con los organismos de DDHH y víctimas de la represión, nuevamente el ex Coronel José Ignacio Verdura ha sido imputado judicialmente como coautor mediato y partícipe necesario en la comisión de múltiples delitos de lesa humanidad en Olavarría, contra perseguidos políticos de esta ciudad, en tiempos en que ocupaba el cargo de Jefe del Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada 2 “Lanceros General Paz” con asiento en esa ciudad y era Jefe del Area 124.

Verdura está sometido a la cautelar de prisión preventiva que cumple en su domicilio en la localidad de Santo Tomé, Provincia de Corrientes, a pesar de que la APDH de Azul denunció que sistemáticamente violaba las condiciones impuestas, por otros hechos cometidos en la misma época, también en Olavarría, específicamente los relacionados con el lugar clandestino de detención denominado “Monte Peloni”, por resolución del entonces Titular del citado Juzgado, el Doctor Juan José Comparatto, en una desprendimiento de la causa principal que ya ha sido elevado a los Tribunales Orales Federales de Mar del Plata, que realizarán el correspondiente juicio oral en la misma ciudad de Olavarría.

La decisión del doctor Martín Bava, juez actualmente a cargo del Juzgado Federal, es del día 28 de diciembre de 2012 y por ella se cita “en primer término” –lo cual indica que la imputación se ampliaría a otras personas- a José Ignacio Verdura a prestar declaración indagatoria el día 7 de febrero de 2013 a las 9:30 en la sede judicial.

Esta decisión aparece como un avance en el juzgamiento de los autores y partícipes, fundamentalmente militares, policías y penitenciarios –con algunas excepciones también se lo ha hecho respecto de civiles, como los hermanos Méndez por la muerte del abogado Moreno,- de los delitos cometidos en la región contra perseguidos políticos.