Con duras críticas de los legisladores de la oposición, el oficialismo parlamentario transformó en ley el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el gobernador José Jorge Alperovich, para destinar 80 millones de pesos del Fondo Solidario de la Soja a la ejecución de obras de infraestructura, a lo largo y ancho de la provincia. La distribución, discrecinal efectuada por el mandatario provincial contempla 60 millones de pesos entre los 19 municipios y los 20 restantes, entre las 93 comunas del interior.

Otro de los temas resueltos por la Legislatura, fue la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en el que desarrollan sus relaciones interpersonales. Este tema mereció el total rechazo de los legisladores Esteban Jerez, Ricardo Bussi y Osvaldo Cirnigliaro, quien sugirió que la ley es la antesala de la despenalización del aborto, a lo que el oficialismo respondió que nadie habla de abortos, sólo se menciona salud reproductiva. La importancia de la ley para el Gobierno, estuvo dada por la presencia en el recinto los senadores nacionales, Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla.

Pero sin dudas, el debate político más jugoso lo brindaron los parlamentarios opositores al repudiar la decisión de Alperovich de disponer a su antojo de los 80 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura. Los recursos que la Nación distribuye, es parte del porcentaje que recauda de las retenciones a las exportaciones a la soja y que coparticipa en un 30% para las provincias argentinas. De ese monto, el 70% quedan en poder del Ejecutivo provincial y el 70% es asignados a municipios y comunas. La particularidad del DNU enviado por el Gobernador, es que él mismo dispuso los montos asignados a cada una de las jurisdicciones, son considerar indices de coparticipación ni indicadores demográficos.

Otra de las cuestiones observadas por los legisladores de la oposición como Esteban Jerez, Renzo Cirnigliaro, Ricardo Bussi y Federico Romano Norri fue la contratación de los trabajos en forma directa, dejando de lado la licitación pública.

Por último, la Cámara sancionó los proyectos para la colegiación de arqueólogos y de traductores, la expropiación de inmuebles en Las Talitas.