A la semana siguiente el Gobierno descubre, después de siete años, que ese impuesto es distorsivo y que la solución sería derogarlo, pero no ahora sino el año entrante. Sin embargo, no precisa de dónde provendrían los 24.000 millones de pesos anuales para reemplazar esa pérdida de ingresos. Dado que la presidenta Cristina Kirchner asegura que no piensa moderar el fuerte aumento del gasto público, que supera al incremento de los recursos, las opciones serían subir otros gravámenes o un mayor impuesto inflacionario. Resultado: lo que en principio sería una buena noticia para la economía se transforma en otra fuente de incertidumbre.

Otro tanto ocurre con el uso de reservas del Banco Central, que acaba de ser destrabado por la Justicia. Ideado para apuntalar el canje de deuda en default, el Gobierno se aferró con uñas y dientes a los decretos de necesidad cuya urgencia nunca pudo justificar. No obstante, habrán transcurrido 120 días entre el anuncio del primitivo Fondo del Bicentenario y el lanzamiento del canje en los mercados internacionales, previsto para el 14 de abril. Durante ese lapso hubo tiempo de sobra para debatir y acordar una ley en el Congreso. Pero, en cambio, el kirchnerismo optó por agudizar el conflicto de poderes que no sólo consumió todo el primer trimestre y modificó traumáticamente la conducción del BCRA, sino que alteró las expectativas de un año en el que la actividad económica tiene mucho más para ganar que para perder.

No se necesita demasiada sagacidad para advertir el origen de estas notorias contradicciones. El manual básico del kirchnerismo está basado en medias verdades, apoyadas en sofismas, que es otra forma de mentir. Rara vez concuerdan las dos mitades del mismo billete. La anunciada derogación del impuesto al cheque oculta la intención de embarrar la cancha y vaciar de contenido al proyecto opositor de forzar una distribución automática más equitativa entre la Nación y las provincias. El controvertido DNU que crea el Fondo de Desendeudamiento hace lo propio con la idea de usar las reservas del BCRA para liberar otros recursos que se destinarán a financiar el imparable ritmo del gasto público. Cuando el ministro Amado Boudou asegura que es prematuro ampliar el Presupuesto 2010 no dice que, al haber subestimado las previsiones de crecimiento del PBI, de gasto y de recaudación, la Casa Rosada se reserva nuevamente este año un mayor margen de gasto para redistribuir en forma discrecional -vía superpoderes- como premios o castigos políticos.

De eso no se habla

La repetición sistemática de una mentira no la transforma en una verdad. Tampoco la omisión de un problema equivale a lograr su solución, sino todo lo contrario. Aunque el Gobierno haya borrado de su vocabulario la palabra inflación, la suba de precios es generalizada e inocultable.

El relevamiento que realiza periódicamente esta columna, sobre una canasta de productos de consumo masivo en la misma sucursal porteña de una cadena líder de supermercados, muestra que el valor del ticket pasó de un total de 396,7 pesos en febrero a 427,9 en marzo, lo que implica un incremento de 7,8% de un mes a otro. Sobre un total de 30 productos, 24 registraron aumentos y sólo dos tuvieron retrocesos: el jamón cocido (-14,6%) y la carne picada especial (-13,2%). Las mayores alzas, en cambio, correspondieron a dos sustitutos de la carne vacuna, como las supremas de pollo (68,9%) y pata-muslo (31,8%), además de las berenjenas (42,9%) y los zapallitos redondos (34,3%). También exhibieron subas de dos dígitos la variedad light de una gaseosa de primera marca (21%); leche para bebes (13,8%); queso en barra (10,8%); papel higiénico (24%); café (13,2%); pimientos (10%) y papas (16,7%), seguidos por yerba mate (9,5%); azúcar (9,4%); postres dietéticos (7,9%) y milanesa cuadrada (5,5%).

Con respecto al valor de compra de esos mismos productos en el mismo supermercado hace 12 meses (334,6 pesos), el aumento alcanza a nada menos que 27,8%, sin considerar los descuentos por compras con tarjeta. Las subas anuales más impactantes corresponden a pimientos (261%) y berenjenas (234%), aunque las que más pesan en el bolsillo de los consumidores son milanesa cuadrada (90,6%); supremas de pollo (80,9%); pata-muslo (47,8%); papas (52,4%); azúcar (36%); leche para bebes (28,8%); café (23,6%); yerba mate (19%); queso en barra (36,7%); papel higiénico (21%); bebidas gaseosas y agua mineral (entre 13,6 y 17,7%) y pan francés (14,3%).

Por su formación académica, el ministro Boudou no puede ignorar que las políticas muy expansivas para forzar la suba del consumo y del PBI tienen más que ver con el problema inflacionario que con su solución. Al responsabilizar sólo a empresas y comerciantes por el alza de precios, vuelve a un diagnóstico primitivo que atrasa varias décadas. En la Argentina, las empresas y cadenas comerciales son las mismas que hace cinco años, cuando la inflación real no superaba el 6%.

Lo mismo ocurre cuando apela al curioso eufemismo de "tensión de precios" para caracterizar la inflación y la considera un subproducto de la actual recuperación de la actividad económica. Doble problema. Si no se reconoce la enfermedad, difícilmente se acierte con el tratamiento. Pero, peor aún, no es cierto que para que el PBI se recupere al 6/7% anual después de la recesión de 2009 -no reconocida por el Indec- la inflación deba ubicarse por bastante por encima del 20% anual (como tampoco lo admite el Indec). Sin ir más lejos, la economía brasileña está creciendo a más de 5% con una inflación de menos de 4%. Algo debe fallar en el diagnóstico y esto afecta los pronósticos. Así como los sindicatos se preocupan por los precios de las góndolas para negociar en paritarias aumentos salariales con un piso de 25% (el triple que la inflación del Indec) y la venia oficial, los empresarios se inquietan porque el Banco Central mantiene el dólar casi planchado desde hace meses para no alimentar la inflación, lo cual es un presagio de deterioro del tipo de cambio real y de mayores costos en dólares.

La mitad de la verdad no mencionada en los discursos oficiales es cuando se promueven políticas pro inflacionarias (intensivas en gasto estatal o endeudamiento) y se tratan de encubrir mediante aumentos de sueldos en el sector público y privado que crean la ilusión de que es posible "ganarle" a la inflación con más plata en el bolsillo, se termina deteriorando el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, como ya ocurre con la asignación por hijo. Hasta el ministro Boudou tuvo un acto fallido en el Congreso cuando le enrostró al gobierno de la Alianza haber aplicado en 2001 el desesperado e impopular ajuste "nominal" (sic) en las jubilaciones y sueldos del sector público, que entonces fue de 13%. Aunque varíen las magnitudes y no lo haga explícito, también hay un ajuste "real" si la inflación trepa al 25% anual y las jubilaciones suben 16%.