El municipio decidió avanzar en la venta de las tierras de Alem y Kennedy, pero la transacción no se concretará sino se consiguen valores de compra y formas de pago que sean plenamente satisfactorios. Mucho dependerá que los inversores interesados propogan una cifra más que interesante para la operación.

En otras palabras, el proceso de venta se pone en marcha pero con condiciones, lo que revela que entre las autoridades de la comuna no han pasado por alto las críticas y rechazos que la decisión de enajenar el bien público levantó en la dirigencia política opositora y en diversas instituciones de la comunidad.

El anuncio oficial de la licitación de las tierras se conoció el viernes. Los pliegos se podrán adquirir a partir de mañana, en la Tesorería Municipal. El precio base por las algo más de 3 hectáreas del predio se ha pautado en 1.359.490 dólares, a razón de 45,13 por metro cuadrado.

La apertura de los sobres con ofertas, que se hará el 13 de octubre, será un momento clave, y no sólo para los interesados en comprar. Y ello porque el municipio se reserva la última palabra sobre si aceptar, o no, las propuestas económicas. De no ser lo suficientemente tentadoras, no habrá venta, los oferentes quedarán desairados y quienes se han opuesto a la enajenación del inmueble, podrán volver a sonreír.

Quien habló de una venta con condiciones fue el propio intendente Alberto Weretilneck, impulsor de la licitación en marcha. Ayer, fue categórico en cuanto a que la comuna "no va a hacer una venta apresurada". Asimismo, expresó que "la idea es ver si resulta conveniente" desprenderse de las tierras, de no haber valores en danza que puedan parecer convincentes para vender. En otros términos, proceder a la venta deberá estar plenamente justificado.

"Hemos puesto en marcha el proceso de licitación pero ello no significa, directamente, que las tierras vayan a venderse", manifestó, dando muestras de lo condicionada que está, desde el vamos, la operación. Por si faltara, agregó: "Veremos si las ofertas son satisfactorias".

De este modo, queda muy en claro que hasta para las propias autoridades la decisión de vender no ha sido fácil, lo que además muestra la porción de razón que tenían quienes rechazaban la iniciativa.

Han sido muchos los referentes políticos e institucionales que ahora y en el pasado, expresaron sus reservas. En lo inmediato, las más firmes han sido de los partidos radical, Redes y ARI. Este último ayer emitió un pronunciamiento en el que vuelve a fustigar la determinación oficial, anunciando también que se apresta a iniciar acciones legales si la operación se concreta como está pautada. El ARI sostiene que la situación "representa un saqueo a las arcas públicas" y habla de "falta de transparencia" y de "discrecionalidad", lo mismo que de "un precio irrisorio", entre otros cuestionamientos.