Edgar Zambrano, miembro de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) –una coalición de grupos opositores compuesta por partidos de izquierda, conservadores moderados y tradicionales– remarcó la intención de diálogo demostrada por el gobierno de Chávez, luego de su reelección el pasado 7 de octubre, con el tema de los presos y exiliados.

Zambrano introdujo el jueves ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Amnistía, promovido por los familiares y los propios detenidos. “El presidente Chávez hizo un llamado al diálogo y nosotros le tomamos la palabra. Estamos claros de que el presidente es quien puede tomar decisiones respecto a los presos. Dentro de la Constitución y las leyes, está facultado para ello. Tenemos mucha fe y mucho optimismo, hay esperanza en los familiares así como en los involucrados’’, dijo a la AP.

El mandatario ha dicho reiteradamente que “no es lo mismo políticos presos, que presos políticos”. Pero, luego de llamar a “todos los venezolanos a un diálogo nacional”, expresó que aquellos presos que estuvieran enfermos son merecedores de beneficios procesales y solicitó a los jueces actuar en consecuencia.

Además de la ley de amnistía, los promotores de esa legislación aspiran a que se consideren medidas humanitarias, el indulto y la libertad condicional, entre otros beneficios procesales.

Un caso emblemático para muchos es el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien está siendo enjuiciada por corrupción, tras liberar a un banquero acusado de desobedecer los controles cambiarios del país. “Habrá que meterle pena máxima a esta jueza, y a los que hagan eso. ¡30 años de prisión!’’, manifestó Chávez. Defensores de los derechos humanos afirman que el caso de Afiuni sobresale porque está siendo juzgada por un fallo rutinario y luego de que Chávez intervino tan abiertamente. Afiuni desde febrero de 2011 está bajo arresto domiciliario tras pasar más de un año en una cárcel de mujeres.

Entre los que se consideran perseguidos políticos, destacan el ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales, que se fue del país denunciando que fue acusado falsamente de corrupción . Guillermo Zuloaga, accionista mayoritario del canal antichavista Globovisión, dejó el país para evadir a acusaciones de delitos que según él tenían una motivación política.

En otros casos, algunos activistas tienen sus dudas sobre si se ajustan efectivamente a la categoría o no de presos políticos.