Se trata del caso del abogado Cayetano Dara, director general de Asuntos Legales que está suspendido en sus funciones por orden del rector Kuchen, y sometido a un sumario interno que debería haber terminado con la aplicación de una sanción, si es que así correspondía, pero que se venció el plazo para hacerlo prácticamente sin haberlo tramitado.

En función de tal vencimiento, el suspendido letrado, le reclamó por escrito al rector Benjamín Kuchen, que lo vuelva a poner en su cargo porque se venció el plazo máximo para aplicarle una sanción.

Además, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) también se hizo eco del caso y le reclamó al rector que de por terminado el sumario administrativo y reponga en el cargo a Dara, lo que transformó al hecho en un nuevo escándalo en la Universidad.

La UPCN le reclamó por nota al rector Kuchen que solucione el tema, a través de una presentación realizada por el secretario general adjunto, Gabriel Pacheco y el secretario de Profesionales, Carlos Lorenzo, quienes asumen la representación por parte del gremio, del abogado Dara.

Ahora con el plazo de seis meses para que el sumario quede terminado, ya sea con sanciones administrativas o no, impuesto por el artículo 145 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 366/06, el rector tiene tanto el reclamo personal como el gremial para restituir a Dara en su puesto, ya que hasta el 15 de mayo pasado, el sumario no fue terminado y no se aplicó sanción alguna y por lo tanto quedó caducado.

El caso se agrava a partir de que según habría informado la oficina de Mesa de Entradas de la UNSJ, el expediente con el sumario, habría estado siempre en la oficina del rector, por lo que no se habría realizado en él ningún trámite, ni siquiera una disposición de prórroga de su plazo de vencimiento.

Con la situación en la que se encuentra, el rector Kuchen que no tomó la precaución de prorrogar su vigencia, tiene dos opciones que son por un lado, dar por finalizado el sumario sin sanción alguna y reponer en el cargo de director general de Asuntos Legales al abogado Cayetano Dara, o denegar el pedido del interesado de la UPCN que lo representa como afiliado, con lo cual se activaría un juicio millonario contra la Universidad en el fuero federal, tanto de Dara como del sindicato de trabajadores estatales.

Antecedentes

El controvertido tema viene discutiéndose desde el año pasado, cuando Kuchen suspendió al abogado e intervino la Dirección General de Asuntos Legales con la doctora Adriana Tetamanti y puso al frente del sumario a un profesional de Buenos Aires, Luis Osvaldo Córdoba, como sumariante externo.

El paso de Kuchen se relaciona con la posición contraria del titular original del departamento que asesora sobre la legalidad de los pasos que da la UNSJ, en relación a tres acciones del rectorado, que luego se transformaron en denuncias contra la gestión de Kuchen.

Se trata de la imposición de plazos fijos en entidades bancarias privadas, cuando la UNSJ sólo puede hacerlo en bancos oficiales; la falta de aportes completos a la Seguridad Social, porque la universidad aporta a la AFIP solo una parte de lo que le corresponde por sus empleados y por el presunto incumplimiento de parte de la UNSJ, al re-encasillamiento del personal no docente.

Estas diferencias entre Dara y el Departamento Ejecutivo de la universidad, derivó en denuncias ante la Justicia Federal, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y el Consejo Superior, contra Kuchen, la vicerrectora Nelly Filippa y el secretario Administrativo Financiero César Aguirre.

Además, con el devenir de los acontecimientos, también hubo denuncias contra la interventora de Asuntos Legales, Adriana Tetamanti por estar suspendida para ejercer por el Foro de Abogados y contra el instructor Luis Córdoba, ante la justicia correccional local, por aceptar las funciones encomendadas sin estar inscripto para actuar en San Juan, con los consiguientes cargos contra quien los nombró en esos lugares.

En el Consejo Superior

La situación producida fue informada también por escrito a los integrantes del Consejo Superior de la Universidad, que deberían tratar el tema en los próximos días y decidir si el rector debe reponer en sus funciones al Director General de Asuntos Legales.

De todos modos, los 36 miembros del Consejo Superior conocen de los acontecimientos devenidos de la disputa legal entre el rector y el letrado desde hace mucho tiempo y no tomaron hasta ahora resolución alguna.

Por eso en los ámbitos universitarios se mira con atención los pasos que den los consejeros de ahora en mas con el tema, que ha llegado a un límite insospechado.