Esta semana se definirá qué sucederá con las áreas sin producción ni inversiones comprobables que detectó el gobierno provincial.

La que tiene más urgencia es YPF cuyo plazo para hacer su descargo vence el martes. Desde esa compañía señalaron que “se va a responder en tiempo y forma a todos los requerimientos”. El 9 de marzo la subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia intimó a la petrolera a presentar “un plan de acción futuro a fin de subsanar el severo incumplimiento” en las áreas Don Ruiz, Chihuido de la Salina y Rincón del Mangrullo.

El martes último hizo lo propio con Apache por Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva, ambas al oeste de Loma La Lata, y Ojo de Agua, un bloque cerca del río Limay. La empresa norteamericana realizó la exploración mediante sísmica 3D en esas zonas, con los trabajos de interpretación de esos datos culminados, por lo cual esta semana ejecutivos de la compañía presentarán sus planes de inversión a los funcionarios provinciales.

Mientras que Petrobras deberá dar explicaciones por las áreas Veta Escondida y Rincón de Aranda, ubicadas en el noreste de la provincia. La empresa brasileña, que tiene tiempo para brindar una respuesta entre martes y miércoles, prefirió no hablar del tema con la prensa.

En total son once las áreas sin producción ni inversiones que relevaron los equipos técnicos de Hidrocarburos. También fueron intimadas la petrolera Argenta por el área Covunco Norte; Ingeniería Sima por Paso Aguerre y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, por Fortín de Piedra.

La compañía que atraviesa más presiones es YPF, que luego de los rumores de reestatización comenzó a ser el centro de la ofensiva de las provincias productoras. El miércoles, Chubut y Santa Cruz le revocaron concesiones y la empresa amenazó con ir a la Justicia.

Mientras que mañana se le vence el plazo que le fijó el gobierno de Mendoza para presentar un plan de inversión en las áreas Ceferino (en Rivadavia) y Mollar Norte (Malargüe).

Las provincias agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) acordaron en febrero exigir a las empresas petroleras un incremento de la producción de crudo y gas del 15 por ciento en un plazo de dos años.