La Municipalidad aún no presentó los expedientes vinculados a la vieja terminal ante la Justicia y el plazo vence a fines de esta semana. En caso de que las autoridades pertinentes no cumplan con lo requerido, se declarará al Municipio en desacato.

En diálogo con El Atlántico, el impulsor de la exposición judicial que pretende la anulación del decreto por el cual el jefe comunal declaró iniciador privado al grupo Emprendimientos Terminal, Eduardo Romanín, adelantó que en los próximos días realizarán una nueva presentación que incluye una junta de firmas y diversos informes que avalan su postura.

Vale recordar que el ex concejal, patrocinado por el abogado Horacio Santana, basó su argumento en la infracción a la Ley 25.166 de cesión de tierras y en la ordenanza municipal 13.127 que aceptó la donación del bien por parte del Estado nacional hace una década.

“Esto que hicimos, a la Municipalidad le genera un prejuicio en el sentido de que hay un particular, como vecino, como ciudadano común que interviene en el expediente porque es parte de la denuncia”, determinó Romanín. Acto seguido, estimó que la defensa encarada por el Municipio –“con un criterio absolutamente reaccionario y equivocado”, según expresó- podría argumentar que “no tenemos interés en esto por no ser vecinos de la ex terminal y que no estamos afectados por el hecho”.

“Eso es lo que va a decir la Municipalidad para sacarnos del ring. Ante eso, imagino que el juez va a seguir con su postura y que el Municipio va a apelar”, agregó.

No obstante, las expectativas favorables se mantienen intactas. Así es que Romanín graficó: “Vamos a seguir metiéndole carbón al fuego porque creemos que estamos en el camino correcto. La Justicia nos tiene que escuchar y hacer las reparaciones necesarias”.

El ex edil señaló que para el Ejecutivo local “es una verdadera molestia que haya un juez mirando como proceden”. Por eso, indicó que de acuerdo a los trascendidos, Pulti consideraría “preparar todo el pliego adecuándolo a la nueva realidad, que es que los vecinos quieren un centro cultural”.

El próximo paso procesal luego de la presentación de informes, es que el Municipio deberá contestar a la exposición judicial de los letrados e intentar desestimar sus reclamos.

A partir de eso, el juez tendrá que tomar una decisión y se empezaría a desarrollar el proceso con la citación de los testigos y de las partes, que se reunirán en una audiencia previa.

En este punto, Romanín recalcó que “deben citar a Florencio Aldrey Iglesias porque nosotros entendemos que es socio oculto de esa sociedad”. Según lo sostenido por el ex concejal desde un principio, el empresario dueño de un multimedio y cuantiosos emprendimientos en la ciudad, sería quien está detrás del grupo Emprendimientos Terminal S.A.

De todas formas, esto quedará en manos del juez en lo contencioso administrativo Marcelo Daniel Fernández, que se declaró competente en la causa.

MÁS ADHESIONES AL PROYECTO EN DIPUTADOS

Por otra parte, más diputados apoyaron el proyecto de resolución presentado ante la legislatura bonaerense por Graciela Iturraspe para que el Poder Ejecutivo inicie acciones legales a fin de que el predio de la ex terminal de ómnibus retorne a la esfera nacional.

Ya habían acompañado la propuesta los legisladores Claudio Lozano, Margarita Stolbizer, Verónica Benas, Cecilia Merchan, Alcira Argumedo y Horacio Alcuaz, y en los últimos días se sumó el diputado marplatense Carlos Nivio. Asimismo, Romanín manifestó que Eduardo Macaluse también sería de la partida junto a algunos otros diputados.

El texto presentado por Iturraspe solicita al Ejecutivo que, a través de los organismos pertinentes, “inicie acciones legales en los términos del artículo 2 de la ley 25.166 por la cual se transfirió a título gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, con cargo a uso público como bien cultural de interés patrimonial”.

En ese mismo sentido se expresó Nivio, quien sostuvo que “de concretarse iniciativas como las presentadas se estaría violando el cargo por el cual el inmueble fue transferido, ya que sólo pretenden la realización de grandes negocios comerciales aprovechándose de un inmueble estatal”.