“Nos solidarizamos con ‘Madres y Padres en Lucha’. Reivindicamos el legitimo derecho de las familias a tomar las tierras necesarias del barrio El Martillo porque está en juego la vida misma, porque no aceptamos más familias en la calle, no toleramos la ‘inacción del gobierno’ municipal, la indiferencia social, ni la ‘naturalización de la injusticia’”, se resaltó en el comunicado. Y se agregó: “Priorizamos la necesidad por sobre los intereses económicos, que históricamente han obstaculizado el acceso al suelo y la vivienda en nuestras ciudades. Consideramos al Hábitat como una producción social y como un derecho amparado por nuestra Constitución Nacional, por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, y numerosos pactos y tratados internacionales. Argentina adoptó y ratificó todos los pactos internacionales que protegen el derecho a la vivienda. Nuestra Constitución en su última reforma del año 1994 estableció que estos Tratados, entre los que se encuentran los que protegen el derecho a la vivienda, tienen jerarquía y rango constitucional (art. 75 inciso 22), es decir que forman parte de aquella y que por ende deben ser aplicados”. A renglón seguido, se subrayó: “Creemos firmemente en el derecho a la igualdad y equidad para todas y todos, participando activamente (no como simples beneficiarios) en el diseño, la gestión y la ejecución, desde las políticas públicas, hasta las mismas viviendas y ciudades”. A su vez, desde la entidad se recalcó que “vemos con dolor e indignación el fracaso de las actuales políticas de vivienda (como paradigma local el Barrio Belisario Roldán: viviendas deficitarias, tanto en su diseño como en su construcción). En definitiva, programas que no logran resolver el ‘déficit habitacional’, que en realidad es ‘déficit social’, reproduciendo así la situación de injusticia e inequidad”. “Por todo esto es que apoyamos y acompañamos el pleno ejercicio de la ciudadanía que llevan a cabo ‘Madres y Padres en Lucha’ en la búsqueda del acceso a la Vivienda Digna y fundamentalmente el Derecho a la Cuidad que implica el usufructo equitativo de todas y todos de los siguientes derechos, a saber: alimentación, educación, vivienda digna, ocio, servicios, centralidad, trabajo, información, saneamiento, transporte público, salud”, finaliza el comunicado.