El Ejecutivo remitió al Concejo Deliberante el proyecto con los nombres de los 270 adjudicatarios de las viviendas que, tras años de espera, se culminarían en enero para reubicar a las familias en riesgo de la barda del Ñireco. Si bien el intendente Marcelo Cascón pretendía que el proyecto fuera tratado sobre tablas en la última sesión, los ediles se negaron porque quisieron generar una instancia de revisión de las personas que integran esa lista.

Consecuentemente, el próximo martes, en la comisión de Gobierno y Legales se convocará a las autoridades de Desarrollo Social y de UnTER, a los presidentes de las juntas vecinales Lera, 21 de Setiembre y San Cayetanito, y a vecinos interesados, a fin de que se planteen las objeciones que pudieran existir. “La idea es sacarlo lo antes posible, porque las viviendas ya están listas, pero queremos conversar con los vecinos para estar seguros de que estos nombres sean los correctos”, manifestó el concejal Alfredo Martín.

La secretaria de Desarrollo Social, Norma Gómez, explicó que 25 de esas viviendas le pertenecen al sindicato UnTER, que definió sus adjudicatarios internamente, y que 20 fueron devueltas al IPPV para que las asigne según su registro de demanda, porque esa cantidad de familias de la barda en situación de riesgo ya fueron trasladadas a las 120 Viviendas en 2008. Para el resto, según explicó la funcionaria, la comuna realizó un relevamiento de la zona en 2004 y otro el año pasado, cuando se realizaron los informes sociales correspondientes.

En relación a cuestionamientos sobre algunos nombres que figuran como adjudicatarios, aseveró que “todo está en regla y tiene la documentación respaldatoria”. Particularmente sobre la incorporación en los listados de Vanesa Icare, hija del ex intendente Alberto Icare, Gómez indicó que fue priorizada por el IPPV, dentro de su cupo, “porque está en el registro de demanda habitacional y está atravesando una situación de discapacidad”.

El intendente Marcelo Cascón, aclaró que no todos van a tener que pagar por las nuevas viviendas, porque algunos vecinos –aproximadamente 30 familias- son propietarios con escrituras en la zona de la barda, y el municipio los habilitó para construir allí, por lo que será necesario “un acuerdo entre la comuna y el IPPV para establecer un sistema de compensación”.

El jefe comunal también señaló que para preservar la integridad de las personas en riesgo de desmoronamiento, el Municipio está costeando los alquileres de unas 80 familias, por 953 mil pesos al año, dinero que tendrá otro destino cuando la mayoría de estos grupos familiares sea reubicado definitivamente en las 270 viviendas. (ANB)