No es la primera vez que se manifiestan pero sí es, quizás, la primera vez que el tema del que vienen hablando hace años está instalado en la sociedad en general y no solo en un sector. Por eso, los vecinos autoconvocados e integrantes de la asamblea “Paren de fumigarnos” celebraron “poder participar de un debate comunitario”, al tiempo que dejaron en claro, nuevamente, su pedido: la reglamentación de la ordenanza que regula el uso de agrotóxicos en la ciudad y “la protección de la salud de la población, no del bolsillo de unos pocos”.

Poco después de las 10.30 de este domingo, distintos vecinos de los barrios Barranca de los Lobos, Playa Chapadmalal, Santa Isabel, Highland Park, San Eduardo, El Marquesado y San Eduardo del Mar se acercaron a la vera de la ruta 11 para realizar una intervención, en la que pintaron un mural en una de las garitas, repartieron volantes y manifestaron la necesidad de terminar con “el envenenamiento de la población” como consecuencia de las fumigaciones. “Queremos seguridad sanitaria en nuestros barrios”, pidieron.

En ese sentido, uno de los integrantes de “Paren de Fumigarnos”, Kanki Alonso, dialogó con El Atlántico acerca de la situación en la zona, la importancia de la ordenanza 18.740 y los últimos hechos de la semana, como el paro de los productores frutihortícolas y el ataque a una plantación de frutillas en Sierra de los Padres.

“Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de participar de un debate y eso es algo que celebramos, porque nos lo da la democracia”, aseguró, en relación a la audiencia pública que se desarrolló en el Concejo Deliberante y de la que participaron especialistas de distintas disciplinas. “Fueron muchas las visiones que convergieron en la necesidad de crear en la ciudad un cordón de producción agroecológico, que no afecte al ecosistema, al medio ambiente y que no dañe la salud de las personas que lindan en la zona”, remarcó.

Según comentó, en la zona cercana a Chapadmalal se ha desarrollado en el último tiempo una urbanización lindera a la ruta 11, de unos 25 a 30 km, “que va desde Acantilados a Miramar, tiene alrededor de 1000 y 1500 metros y linda hacia el oeste con producciones agrícolas extensivas de soja, maíz y trigo”.

En ese sector, se encuentra un campo con pasturas, que está ubicado a pocos metros de las casas de vecinos y que es fumigado con “2.4D, bromoxinil y otros herbicidas para hierbas de hoja ancha, sustancias que generan deterioros en la salud, algo que está comprobado y explicado técnicamente en el Informe de Médicos de Pueblos Fumigados de 2010”, según indicó Alonso.

Ante ese escenario justamente fue que los vecinos empezaron a tomar conciencia cuando conocieron “las causas de ciertas afecciones de vías respiratorias, dérmicas y cutáneas” y se dieron cuenta de la relación que estas dolencias tienen con las fumigaciones.

“Así fue cómo se empezó a dinamizar el barrio y comenzaron a realizarse asambleas, para difundir estas noticias”, sostuvo el representante de la organización, quien advirtió que, con el correr del tiempo, se fueron adentrando en el tema y se encontraron con que las maquinarias agrícolas de la empresa de la zona, que son las que pulverizan los plaguicidas, “son lavadas en el Arroyo Lobería, cuyo cauce desemboca en dos balnearios”. “Esto no solo pone en riesgo al ecosistema y la biodiversidad sino que afecta la salud de las personas”, señaló Alonso, tras recordar que el año pasado hicieron una denuncia por esa situación.

LOS DILEMAS DE LA NORMA

Por otro lado, y en relación al debate actual que se está dando por la suspensión o modificación de la ordenanza en cuestión, el vecino expresó: “Nos manifestamos porque aunque hayamos participado de la audiencia esta semana, sucede que hay muchos intereses económicos, presiones muy fuertes de grupos que a nuestro entender son muy inescrupulosos: hay tres compañías de la zona que tienen denuncias por trata de personas (Compañía Industrial Frutihortícola SA, Costa Mari y Quinta Rueda) y nosotros lo que vimos en la audiencia pública fue una actitud de no querer ajustarse a la norma, porque es difícil que una persona quiera aprender a producir de forma agroecológica si no tiene voluntad”.

Asimismo, y sobre la medida de fuerza que los productores frutihortícolas efectuaron el fin de semana, el representante de “Paren de Fumigarnos” confió que son medidas que generan confusión, al tiempo que se mostró alarmado por cómo el sector productivo usa a la comunidad boliviana, que se movilizó y que es la primera damnificada, “no solo por la trata de personas sino por las condiciones de salubridad en las que viven”. “Es terrible que los más afectados formen parte de ese reclamo, porque el cordón frutihortícola genera una situación de producción que no solo daña la salud de las personas sino que también daña el sistema social, de derechos”, puntualizó.

Por último, y en relación al “atentado” que se registró en el frutillar -donde fueron quemadas veinte casillas y un camión cisterna y destruidos los caños de riego-, Alonso resaltó que no les llama la atención que haya este tipo de tensiones “porque hace muchos años que venimos reclamando por este tema y es la primera vez que vemos a los productores ejerciendo una medida de fuerza tan grande”. “Era entendible -continuó- que cuando los intimaran a cumplir con la norma tomaran medidas extremas que ponen en jaque los sistemas democráticos, porque estamos hablando de una ordenanza votada por unanimidad, de un Poder Ejecutivo que la reglamentó a instancias de un fallo judicial”.

“Este sector productivo recurre a medidas extorsivas como es el desabastecimiento y medidas de fuerza, como fue el corte de la avenida Luro. Nosotros creemos, apostamos y militamos, y nuestras vías son las democráticas, siempre a través de la información correcta y las gestiones. Nosotros nunca hemos cortado un alambre ni hemos prendido fuego nada y mal sería ver ese hecho como adjudicándolos a nosotros”, completó, deslindando a la asamblea de cualquier tipo de relación con los incidentes.

EN PRIMERA PERSONA

Otro de los integrantes de la asamblea, y vecino de la zona, es Gustavo Pisani, quien desde hace años viene militando en este tema. Tal es así que, durante la intervención, dialogó con este medio y contó su experiencia.

“La ordenanza nunca fue puesta en vigencia, nunca se cumplió. Desgraciadamente el concejal Alcolea quiere que se suspenda o derogue y a mí me ha tocado la infortuna de tener a mi esposa con la sangre contaminada, mi mujer en este momento está pasando una situación muy delicada, está en riesgo su vida y esto es lo que nos producen los agrotóxicos”, contó, sobre cómo las fumigaciones han impactado directamente sobre su vida.

Es que, según aclaró, “no hay una sola persona enferma, hay productores enfermos y población en general”. “Se han encontrado plaguicidas en exceso en las verduras que la población consume, es un momento de tomar conciencia y de pensar que nos están envenenando”, resumió, al tiempo que se sinceró. “No desearía que a nadie le pase lo que a mí, mi esposa no tiene fuerza, perdió masa muscular y es terrible ver eso gracias al envenenamiento que entra por el aire”.