En contra de lo que dispone la ley, el PDT aprobado por Ordenanza 9865 ha creado en los hechos una reserva natural en un área absolutamente intervenida por el hombre, donde viven miles de personas y se desarrollan todo tipo de actividades económicas, empezando por las agrícola-ganaderas, las turísticas, pero además deportivas, sociales y culturales.

Los indicadores urbanísticos fijados son incompatibles con una zona habitada por el hombre. La ordenanza mezcla y confunde las disposiciones de una reserva natural –ley 10.907- con las de un paisaje protegido –ley 12.704- yuxtaponiendo los fines y herramientas de cada figura legal.

El PDT y el Plan de Manejo proyectado lesionan derechos básicos de los habitantes sin dar por resultado ningún beneficio a la comunidad y sin prever ningún tipo de compensación. Dichos instrumentos afectan el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, el principio de igualdad ante la ley, lesionan el derecho de propiedad, reducen la competencia y distorsionan el mercado.

De esa forma transgreden el art. 28 de nuestra Constitución según el cual “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. Las normas reglamentarias pueden regular el ejercicio de los derechos pero no suprimirlos, lesionarlos o convertirlos en meramente ilusorios.

Para una adecuada planificación territorial que haga posible un desarrollo ambientalmente sostenible, Tandil debe encarar las obras de infraestructura de fondo que permitan solucionar el problema del agua, aprovechando el reservorio del Chapaleofú Grande, de forma tal de garantizar un suministro adecuado a todos los vecinos de la ciudad y del área circundante.