A un año del derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza, que dejó tres muertos y una decena heridos, la causa judicial sigue abierta y sin procesamientos.

Hasta el momento, la gestión PRO continúa sin aplicar la Ley 3562 que regula las inspecciones en demoliciones y excavaciones, y que fue sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado, tras el derrumbe del boliche Beara, en el barrio de Palermo. La norma significó una respuesta expeditiva de los diputados porteños ante la situación de emergencia, pero tal como explicaron a este diario desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la autoridad de aplicación, a casi un año de su publicación en el Boletín Oficial, todavía está sin reglamentar.

La ley determina cuándo y cuántas inspecciones deben realizarse y crea un Registro Público de Demoledores y Excavadores que nunca se puso en marcha. Además detalla responsabilidades del representante técnico en la supervisión de la obra, incorpora sanciones para los propietarios en caso de no contratar una empresa inscripta en el registro y obliga a la AGC a publicar en su sitio web los expedientes de cada construcción.