Además, el especialista en Derecho Ambiental estimó que el municipio “se ha apurado” en comenzar la ejecución de los trabajos “porque ve que puede aparecer algún tipo de conflicto” como consencuencia de las presentaciones efectuadas por sus clientes.

Tal como reveló 0223.com.ar, un grupo de vecinos manifestó días atrás ante el Concejo Deliberante que no se habría completado el procedimiento de estudio de impacto ambiental del Colector Marcos Sastre.

Al respecto, el Dr. José Alberto Esain, patrocinante de los vecinos, dijo este miércoles que sus clientes “están totalmente a favor de la obra” y “solamente advierten que la arboleda que está en una zona va a estar en peligro”.

Según afirmó en declaraciones a este vespertino digital, sus representados cuentan con “un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que advierte sobre serios impactos que podría provocar la obra si pasara por la puerta de sus domicilios” y, considerando esa documentación, “han intentado que el municipio diera el espacio de participación ciudadana -una audiencia pública- donde ellos al menos pudieran alertar sobre estos problemas y tanto el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) como Obras Sanitarias y todas las autoridades encargadas de llevar adelante el proyecto, pudieran corregirlo”. No obstante, remarcó, “en ningún momento se los ha escuchado”.

Inclusive, el letrado mencionó: “Cuando ellos vinieron a verme, ya habían mantenido una serie de reuniones (con las autoridades) pero habían sido tomados con poca seriedad. Mi estudio no acostumbra a tomar casos que no tengan asidero técnico, pero cuando vimos que tenían un informe del INTA que decía exactamente lo que ellos manifestaban, nos dimos cuenta de que lo que reclamaban no era una cuestión poco seria”.

En ese orden, Esaín subrayó que sus representados “no dicen que ellos tienen la razón” pero sí que “sienten que se debería institucionalizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental para discutir lo que ellos creen que es su razón y las razones de las autoridades; es decir, hacerlo como las normas lo reglamentan”.

En tal sentido, el letrado recordó que “el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría de Obras Públicas tiene para las obras como estas, que es préstamo BID, un reglamento operativo donde establece particularmente cómo se hace el procedimiento en estos casos, y en la página 82 del manual establece la necesaria realización de una consulta”. “La gente del ENHOSA es muy prolija en todo esto y las leyes nacionales ambientales exigen que la autorización de pronunciamientos ambientales de estas actividades se hagan con audiencia pública. Eso es obligatorio”, aseveró.

A su vez, puntualizó: “No decimos que la obra está mal ni que está bien, decimos que tiene que ser corregida en un detalle mínimo; pero los vecinos no piden en primera instancia la corrección, sino que se haga el procedimiento adecuado que regula las leyes para este tipo de obras porque allí es donde ellos van a poder dar su visión”.

En tanto, Esaín consideró “rarísimo” que se hayan iniciado los trabajos que, de acuerdo a la información difundida por la Comuna, ya fue ejecutada en un 10%. “Mis clientes se presentaron hace más de un mes ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), ante el ENOSUR y Obras Sanitarias para pedir el acceso a la información pública ambiental pero no obtuvieron respuestas. En uno de los puntos del planteo de los vecinos se solicitaba que, como se presumía que no se había hecho la evaluación de impacto ambiental de la obra como lo regula las leyes debido a que no se hizo audiencia pública, se suspendiera la obra. Por eso nos sorprende que hayan iniciado la ejecución de la obra porque suena a que, a poco de que recibieron intimaciones y viendo que se podían ocasionar conflictos, reaccionaron de esta manera”, fundamentó.

“Creo que se han apurado porque ven que puede aparecer algún tipo de conflicto con estas presentaciones”, analizó.

Además, el especialista en Derecho Ambiental hizo hincapié en un fallo de la Corte de la provincia de Buenos Aires sobre el caso Rodoni c/ municipalidad de Bahía Blanca por la construcción de un puente, en el cual “dejó sentado que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en toda la Provincia es obligatoriamente con audiencia pública”. “Inclusive, en ese caso, la Corte advirtió que había informes de la municipalidad que decían que esa obra no iba a generar daños pero que el daño se había producido por la falta de audiencia pública porque se agravia el derecho a participar y a debatir de los ciudadanos respecto de la manera en la que se gestiona el ambiente”, especificó.

Por último, el Dr. Esaín subrayó que, de ser necesario, acudirán a la Justicia. “El apercibimiento que nosotros pusimos en todos los escritos es que, en caso de respuestas negativas, acudiríamos a la Justicia porque el artículo 23 de la ley provincial 11.723 es muy claro cuando dice que si una obra se iniciara en su ejecución, sin haber completado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se debe suspender hasta tanto se complete, algo que debería hacer el titular de la obra, en este caso, el Estado”, explicó.

Si bien consideró que “esto es lo más lógico y razonable”, indicó que de no actuar en ese sentido, “se podría concurrir ante un Juez con competencia en el lugar para que por vía de amparo se solicite la suspensión de la obra hasta tanto esté autorizada”.