EL DATO

Los vecinos de los barrios Arazaty y Caridi están encuadrados en la categoría de relocalizados, según contaron a El Litoral. Se trata de una denominación nueva, ya que no se hallan dentro de los programas de demanda libre.

LOS NUMEROS

65 Son las viviendas que se construirán en los barrios Patono e Independencia. Allí los vecinos afectados por las obras de costanera Sur serán relocalizados. Un complejo de 17 ya se está ejecutando.

Hay que ver si es seguro el barrio. Está más cerca del centro. Pero está lejos de la escuela”, comentó a El Litoral María Cristina Fernández mientras ingresaba al barrio Patono. Por primera vez iba a buscar precisiones sobre el lugar donde podría formar su nuevo hogar. Junto a un grupo de vecinos, visitó uno de los dos predios en la ciudad donde se erigirán los complejos que albergarán a las familias afectadas por las obras de costanera Sur.

Madre de cinco chicos, María Cristina es empleada doméstica y contó que no tiene modo de pagar una cuota del Invico. El financiamiento y el lugar donde sería trasladada son su preocupación. Ella, al igual que un grupo de vecinos de los barrios Arazaty y Caridi, desconoce dónde serán reubicados cuando comiencen las obras de la avenida Jorge Romero.

Ante la incertidumbre, visitó ayer junto a un grupo de familias y referentes de Derechos Humanos, el predio en el Patono donde se construye un complejo de 41 viviendas. Allí, según lo previsto, serán relocalizados parte de los vecinos que se encuentran afectados por las tareas de la avenida “Juan Pablo II”. Los residentes debieron recurrir a constatar por iniciativa propia el inicio de los trabajos. Ello, según explicaron, porque no mantienen diálogo con el organismo.

El año pasado los vecinos firmaron un acta de compromiso con el Invico para iniciar el proceso de relocalización. El organismo comenzó la ejecución en un predio situado en el barrio Patono. Allí se erigirán 41 viviendas. En el Independencia, además, construirán otras 24, sumando un total de 65 unidades habitacionales. En agosto último el instituto confirmó que arrancarán con las tareas.

Sin embargo, los vecinos visitaron ayer la obra para constatar su inicio al no contar con una voz oficial. “Como en toda mudanza, las familias tienen que tener precisiones, porque es algo que afecta sus vidas. Ellos no saben a quién le toca cada vivienda, cómo se va a financiar. No hay nadie que se acerque a explicar. No pueden planificar qué van a hacer”, indicó a este diario la referente de Derechos Humanos de la Provincia, Hilda Presman.

Así, cerca de las 17.15, un grupo de vecinos partió desde la rotonda de costanera Sur rumbo al barrio Patono. Algunos, por primera vez, verían el lugar donde edificarían sus posibles nuevas viviendas. Allí, sobre un predio de aproximadamente 150 metros de largo, se construyen los cimientos y parte de las paredes de las casas. El cartel de obra reza un plazo de 180 días y un presupuesto de $2.928.118,11. Además, especifica que se trata de la ejecución de 17 viviendas del grupo I de 41 casas. Un zanjón delimita el predio. Por ello, para evitar inundaciones se colocaron dos caños que servirán de colectoras para el desagote.

Desde el obrador estiman que los trabajos demandarían entre seis y ocho meses, aunque puede extenderse a causa de las lluvias. Al tratarse de un suelo arcilloso el del predio, no pueden ingresar los camiones durante un día de precipitaciones.

Actualmente se están construyendo vi-viendas de uno, dos y tres dormitorios. Los afectados sostienen que debieran especificar a quiénes se les adjudicará cada unidad. Es que en costanera Sur abundan las familias numerosas. En el caso de Marta Gómez, comentó que son siete viviendo en un terreno sobre el Caridi. Su casa, como la de María Cristina, se encuentra sobre la traza de la avenida Jorge Romero, que oficiará de empalme entre la Juan Pablo II y Teniente Ibáñez.

Los vecinos únicamente esperan una reunión en la cual se detallen los plazos de ejecución de las obras, el financiamiento de las viviendas, a qué barrios y qué tipo de vivienda se entregará a los pobladores. Vale señalar que estos se encuentran bajo una nueva categorización, el de relocalizados, por lo que el mecanismo de pago sería distinto a los adjudicatarios que ingresan a los programas de demanda libre.