"Las viviendas las entregó el Instituto de la Vivienda hace unos 12 años y nosotros no tenemos nada que ver con la cooperativa", dijo Claudia Fernández, quien reclamó que el instituto se haga cargo.

"Ahora, el problema lo tenemos nosotros, que compramos de buena fe", se lamentó la mujer.

Patricia Long, que también reside en el barrio, dijo que un oficial de justicia se presentó en el barrio para certificar domicilios y que, verbalmente, dijo que era por un desalojo.

La mujer contó que hace dos años hubo una amenaza de remate y que el concejal Fabián Lliteras y el entonces secretario de Gobierno municipal Gustavo Mena les dijeron que la Fiscalía de Estado bonaerense y el Instituto de la Vivienda lo habían parado.

"Pensábamos que lo estaban regularizando, pero lo legal siguió su curso", dijo Long. (Canales 7 y 9)