En diálogo con Cazador de Noticias, el profesional reveló: “en el caso de la dama, vale decir que sufrió una desafectación totalmente injusta en virtud de que se la imputa por presuntas faltas que no cometió”.

Y continuó: “el conflicto con la fuerza se desató cuando ella acudió a la comisaría tercera el 24 de septiembre pasado para solidarizarse con unos compañeros que habían sido separados de sus funciones”. “Desde entonces – amplió – buscaron un chivo expiatorio para excluirla, aún cuando es una buena policía y no tiene ninguna causa penal”.

Más adelante, Hikkilo aclaró: “incluso, apareció una persona que se hizo cargo de la convocatoria por una red social, por la cual se la acusa”. “Ni así, y aunque pedimos legalmente que se le levantara la suspensión, pudimos conseguir una respuesta positiva”, se quejó el abogado.

Consultado por la decisión extrema que tomó la mujer, contestó: “la Policía tiene un sumario interno que no permite derecho a defensa y ella ya no sabe que más hacer, pues esta situación, por caso, le impide percibir sus haberes…”

“En definitiva, es una madre desesperada que ha venido a pedir colaboración del Intendente y del poder político de turno para que medien ante la Provincia y corrijan su realidad”, resaltó Hikkilo.

Luego, en relación al hombre, especificó: “el caso del Sargento Ojeda es diferente; él sufrió un accidente de trabajo y se encontró con que, en vez de prevenir o reparar lo acontecido la fuerza empezó a investigarlo”.

Y analizó: “lo que buscan es saber si fue un hecho deliberado para generar la baja o para concederle el derecho de indemnización… El problema es que esta persona no puede trabajar hace un año por la burocracia de Asuntos Internos”.

Al finalizar, en tanto, Hikkilo resumió: “vemos como en el primer caso se trata de una una cuestión de persecución y discriminación y en el segundo, de retardo en la resolución de un expediente para evitar que el trabajador pueda retomar sus tareas”.