Todo el mundo estaba advertido, así que ahora no se puede ni chistar: la Dirección General de Rentas (DGR) comenzará hoy a enviar a Tribunales las primeras mil demandas ejecutivas por multas impagas aplicadas en su momento por la Policía Caminera en rutas de toda la provincia.

Así se lo confirmó a Día a Día el propio ministro de Finanzas de la Provincia, Mario Ángel Elettore. “El lunes (por hoy), una vez que se termine la feria judicial, comenzaremos a mandar los primeros tres mil juicios ejecutivos a deudores de la Policía Caminera”, adelantó el funcionario provincial. “Durante julio, enviaremos tandas de 1.000 demandas por semana, aunque a partir de agosto avanzaremos con unos 15.000 juicios por mes, hasta llegar a fin de año”, aclaró.

Según precisó el titular de la cartera de Finanzas, durante el receso judicial de invierno se sortearon las primeras tres mil causas entre los abogados procuradores de la Provincia, quienes en los últimos días se encargaron de realizar las notificaciones correspondientes a los deudores que serán enviados a juicio.

Según había explicado en su momento el director de Rentas, Alejandro Caridad, se priorizará el envío a juicio de aquellas infracciones impagas que datan de 2008, año en que comenzó a operar la Policía Caminera.

También se hará foco en quienes tienen han recibido más de una multa en estos años. Según reveló este diario semanas atrás según datos de la DGR, hay unos 15 mil infractores que acumulan cinco ó más sanciones desde 2008 a ésta parte. La mayoría de ellos no pagó ninguna.

Los automovilistas que sean enviados a juicio deberán pagar el ciento por ciento del valor de las multas, actualizadas a la fecha en que quede firme la sentencia. Además, tendrán que afrontar las costas judiciales y los honorarios de los procuradores fiscales.

Medio millón con deuda. En mayo pasado, la Dirección de Rentas lanzó una amplia moratoria para aquellos automovilistas que adeudaban el pago de multas cobradas por la Caminera, plan de pagos cuya posibilidad de adhesión expiró el pasado 2 de julio.

Elettore le dijo a este diario que todavía no se sabe con precisión la cantidad de automovilistas morosos se acogieron al plan de regularización, dato que terminará de procesarse esta semana. Antes de la moratoria, había en total unos 500 mil conductores que adeudaban una o más infracciones a la Caminera, por un monto estimado de 300 millones de pesos.

De esa cantidad, unos 300 mil estaban en situación prejudicial. El 50 por ciento de esos infractores deudores está radicado en otras provincias.

Inicialmente, los primeros juicios ejecutivos iban a ser enviados a Tribunales en junio pasado, pero como la vigencia de la moratoria se extendió un mes más, el proceso se retrasó. Ahora, con todas las garantías legales guardadas, el primer millar de notificaciones judiciales llegará a la casa de los automovilistas infractores.

Avanzan con remates. Elettore también aseguró que desde la DGR se sigue adelante con el pedido a la Justicia para proceder a la subasta de propiedades que adeudan tributos a la Provincia.

“Ya tenemos más de 43 inmuebles listos para rematar. Se trata de lotes baldíos y galpones, en su mayoría. Todavía no hemos enviado ninguna vivienda habitada a subasta”, dijo el ministro delasotista.

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Multitas, multas y multones

A ponerse. Quienes tengan que ir a Tribunales a pagar las multas de la Policía Caminera deberán afrontar el ciento por ciento del valor de las sanciones previstas en la Ley de Tránsito de la Provincia, que son bastante onerosas. A ello, habrá que sumar las costas y honorarios judiciales.

Ya fue. En cambio, si la multa se hubiera pagado a poco de ser impuesta, el infractor hubiera abonado apenas el 25% del valor previsto por ley. Es que el procedimiento habitual de la Caminera es aplicar el 50% del valor de la sanción, y ofrecer un descuento adicional para quienes paguen antes de las 48 horas.