Mientras la política de seguridad e inmigración de Nicolás Sarkozy es duramente cuestionada por la oposición francesa, la ONU y el Vaticano urgieron ayer al gobierno de Francia a “evitar” las expulsiones colectivas de gitanos y desestimar los “discursos políticos discriminatorios” que favorecen un “clima de racismo”. Las recomendaciones que llegaron desde el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD), fueron un duro golpe al jefe de Estado.

Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, los cuestionamientos constituyen “una nueva bofetada” para París. “Los discursos políticos discriminatorios en Francia coinciden con un aumento reciente de actos y manifestaciones racistas y xenófobas”, consideró el CERD en un comunicado que emitió ayer.

Por su parte, en el Vaticano, Agostino Marchetto, representante principal de asuntos migratorios, dijo que la defensa del Vaticano hacia los gitanos expulsados por Francia no es una intromisión en la política interna gala. El religioso afirmó que la Iglesia no esta “ni a la derecha ni a la izquierda ni en el centro”, sino que simplemente muestra preocupación pastoral por la gente. Además, Marchetto declaró que la entidad católica deplora la represión de los gitanos que realiza el gobierno de Sarkozy.

En momentos en que se está repatriando “colectivamente” a gitanos, principalmente rumanos, sin la “aprobación libre, total e informada” de los mismos, el Comité pidió a Francia que cese con la aplicación de esa medida. En tanto, el gobierno francés salió al cruce de estas acusaciones y aseguró “respetar escrupulosamente la legislación europea” y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Francia envió por avión el jueves a 300 gitanos a Rumania, con la voluntad de “acelerar” esas expulsiones, pese a la presencia de dos ministros rumanos en París y de las críticas que esa política provoca. Esas expulsiones están en el centro del debate, desde que el primer mandatario estimó que los disturbios callejeros producidos luego de la muerte de un joven por disparos de un gendarme eran un indicio de “los problemas que plantea la conducta de algunos gitanos”.

Poco después, tras una polémica reunión en el que se abordó el tema, el gobierno francés afirmó que la mitad de los campamentos ilegales en el país serían desmantelados en un plazo de tres meses para lanzar una “guerra” contra la “criminalidad”.