Precisa que de esta manera se favorece a la satisfacción de un derecho humano fundamental cual es el de la filiación, que tiene que ver con la identidad de las personas, especialmente en la edad de la niñez y su estado de familia.

La iniciativa se aplicaría en aquellos casos en los que el interesado acredite sumariamente su estado de insolvencia o haya obtenido el beneficio de litigar sin gastos y el progenitor demandado se negase a abonar los gastos requeridos para el análisis.

También cuando quien lo demandare haya sido víctima del delito de violación, cuando se tratare de personas menores y/o discapacitadas asistidas por las Defensorías Oficiales de todos los fueros o si lo dispusiera un magistrado de primera instancia o superior, por auto fundado.

En cuanto a los recursos para la financiación de los estudios genéticos, señala que se obtendrán de la recaudación de la Tasa de Justicia; a cuyos efectos el Superior Tribunal de Justicia, determinará los procedimientos y los montos anuales que se afectarán a estos fines.

Notificación por casilleros

Por otra parte, el parlamentario propone a través de otro proyecto de ley, incorporar una herramienta para agilizar un sector de las notificaciones por cédulas, estableciendo que aquellas que deban hacerse en el domicilio de los litigantes puedan también practicarse mediante el sistema de notificación de casilleros, propuesta que se incluiría en un último párrafo del artículo 135 de la ley 424/69 reformada por la ley 1397/02-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

Para el Superior Tribunal de Justicia deberá determinar lo relativo a la construcción de los casilleros, a la seguridad para la guarda de las cédulas y el procedimiento a seguir para la confección, control y depósito las mismas. Además estará facultado para establecer un cronograma de aplicación del sistema de notificación en casilleros, de acuerdo a las condiciones operativas de cada circunscripción judicial.

Con esta reforma, se quiere aportar a la celeridad y economía de los procesos, incorporando un novedoso mecanismo para el acceso a las cédulas, que tiene antecedentes en nuestro país, siendo ejemplo de ello la provincia de Salta que lo ha incluído en su Código Procesal Civil y Comercial.

Honorarios profesionales

Un tercer proyecto de ley del diputado Bogado propone derogar el art.23 de la Ley 512, y reformar el contenido del art. 59 de la Ley 512, para asegurar a los profesionales del derecho, a tener una ley clara y precisa que defina los mecanismos para el efectivo cobro de honorarios, y una justa retribución por las tareas desempeñadas.

Para ello, califica de extemporáneo el contenido del artículo 23 y propone insertar la reforma del art. 59, respecto de la aplicación de intereses a los honorarios regulados cuyo pago haya entrado en mora, aplicándose hasta diciembre de 2001 el interés del 1% mensual, conforme a la ley 23.928 y a partir de enero de 2002, la tasa activa promedio del Banco Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos.