La Comisión de Obras y Servicios Públicos emitió dos despachos sobre la iniciativa que presente el presidente del bloque radical Carim Peche para expresar preocupación por el cargo específico en las tarifas de energía eléctrica.

El tema motivó dos posturas: una aconsejando la permanencia en cartera del proyecto ya que solicitarán previamente un informe a la empresa energética de la provincia, decisión ésta formulada por los diputados justicialistas Carlos Beltrán, Beatriz Vásquez y Néstor Marcón. En tanto, los diputados Hugo Domínguez (NEA) y Jorge Varisco (Bases y Principios-alianza) aconsejarán la aprobación de la iniciativa. Los integrantes de la comisión de Legislación General emitieron distintas opiniones sobre la propuesta de derogación de los artículos 62, 64 y 65 del Código de Faltas. Respaldaron esta iniciativa los diputados Daniel Trabalón y Carlos Martínez mientras que los diputados del PJ adelantaron su permanencia en cartera del proyecto. La misma suerte corrió el proyecto modificar el artículo 11 de la Ley de Mediación Penal, para prohíban la realización de audiencias de mediación o conciliación, tanto en el régimen penal como en el contravencional cuando se trata de hechos calificados como violencia de género. También la norma sobre el Derecho de Admisión obtuvo dos dictámenes: uno aconsejando la aprobación del proyecto del diputado de la Concertación, Raúl Acosta, y otro del peronismo pidiendo su permanencia en cartera. La Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente decidió respaldar aconsejando al Cuerpo se apruebe el proyecto de resolución 2920/12 que expresa acompañamiento al pedido de información pública presentado por un grupo de organizaciones ambientalistas, basadas en un informe de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. También se decidió consultar al Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), sobre el proyecto de ley presentado por el diputado radical Avelino Milar, a través del cual propone, un procedimiento de consulta previa a los pueblos originarios sobre medidas, acciones, planes, programas, proyectos, legislativos o administrativos que afecten directamente sus derechos, sus territorios ancestrales y el ecosistema que comprende su universo cultural.