La oferta salarial del Gobierno, presentada como definitiva y que eleva el salario de bolsillo a más de cuatro mil pesos para un agente que recién se inicia, comenzó a ser aceptada por varias unidades regionales que abandonaron el acuartelamiento policial que todavía se mantiene firme en Posadas. Las unidades regionales de Oberá, San Vicente, Jardín América, Puerto Rico, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen ya convocaron a sus agentes para volver a trabajar. En tanto en Eldorado y Puerto Iguazú las posturas están divididas y en Oberá un grupo de efectivos también se opuso.

El jefe de la Unidad Regional III de Eldorado, Alejo Bermúdez, dijo que el ofrecimiento es “interesante” e “histórico” y lo mismo opinaron otros efectivos en Posadas, donde se concentra el mayor rechazo al ofrecimiento salarial. A la toma del Comando Radioeléctrico se sumó en la madrugada del sábado la de la Unidad Regional I.

El Ejecutivo hizo el viernes la última oferta, con un incremento del 30 por ciento, más 300 pesos fijos y la liberación del tope de adicionales, lo que promedia el 40 por ciento de bolsillo. Un agente recién iniciado podría cobrar más de cuatro mil pesos, lo que equipara los salarios con la Gendarmería y supera a las policías de otras provincias del NEA. Sin embargo, el núcleo duro de la protesta elevó el reclamo a cinco mil pesos de bolsillo.

Ante la intransigencia policial, ayer la Gendarmería se hizo cargo de la custodia de los edificios federales, además de la Casa de Gobierno, la residencia del Gobernador y otras instituciones.

Asimismo, los efectivos están a disposición de la Justicia provincial para actuar ante cualquier pedido y ayer encabezaron varios allanamientos en el barrio A4 de Posadas, donde en la madrugada falleció un adolescente de 14 años en medio de una pelea y ante la ausencia de efectivos policiales. También harán operativos de control en las rutas y en las principales ciudades. Por lo pronto, se manejan con efectivos que trabajan en Misiones.

En el Gobierno entienden que detrás del planteo original por un incremento salarial se esconde una movida política que tiene como protagonistas a referentes de la oposición, enrolados en el peronismo y en gremios como Camioneros -que responde a Adolfo Velázquez- y la UTA, con vínculos con el intendente de Candelaria. Esos gremios son los que aportaron alimentos y logística para los acuartelados e incluso varios de sus militantes se mostraron ayer en plena protesta junto a los policías en el Comando Radioeléctrico. Incluso, se registraron agresiones a oficiales que pretendían explicar los alcances de la oferta que hizo el Ejecutivo. Un comisario de apellido Jara terminó con lesiones después de ser golpeado.

El más duro en calificar a la intransigencia gremial fue el jefe de Gabinete, Ricardo Escobar, quien advirtió que la postura cerrada “revela que detrás puede haber otros intereses que exceden al reclamo policial y que se asemejan mucho a la sedición que en otro momento se hubiera considerado un golpe de Estado”.

La huelga afectaría cobro de salarios

La protesta que llevan adelante los policías puede afectar el movimiento económico y bancario y demorar el cobro de los salarios del sector estatal.El Gobierno depositó los salarios de los agentes públicos pero de persistir la huelga policial, no podrán cobrar el miércoles al no haber clearing bancario por ausencia de policías. Por ley, los policías deben custodiar el traslado de caudales y ninguna otra fuerza puede suplantarlos ya que el seguro no cubre eventuales robos. La ausencia de billetes también afectará a los jubilados que iban a cobrar el miércoles, al sector privado e incluso los policías en huelga no podrían recibir sus haberes.