Entre los argumentos volcados en el decreto, se sostuvo que la modificación se debe a los "reajustes en el precio del contrato, en razón de los incrementos salariales, según escalas del CCT nº 122/75, otros ítem remunerativos y por la incidencia de la variación de índices de precios IPIM sobre la ecuación económico financiera del contrato".
Se añadió que según los contratos firmados se indica que en caso de haber "una variación en los costos de la prestación que excediere en un 7% en más o en menos, sea por caso fortuito o fuerza mayor, se evaluará el impacto que tal variación registre en el contrato a fin de determinar si corresponde ajustar el mismo.
Según se sostuvo, las comisiones que evaluaron el pedido de ATSA decidieron que correspondía hacer lugar al pedido de aumentos solicitados.
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