Vargas Durán señaló que “particularmente no salgo a defender a los jueces que resultan implicados en tal arremetida, sino del sistema judicial en general que más allá de las falencias propias que pudiera tener, debe funcionar con sus mecanismos propios de actuación, pero sin condicionamiento de ningún otro poder. Creo en la justicia, y más allá que puedan existir algunos que incurran en desaciertos en sus sentencias veo inapropiado que otro poder del Estado pida inmediatamente descabezar a tres jueces porque no estén de acuerdo con lo que han resuelto”.

“Vengo militando en el Justicialismo desde que tengo doce años de edad -remarcó- actualmente soy congresal y mantengo una lealtad indiscutida para con mi partido, pero me resulta un exceso este conflicto que se está generando desde los diputados cuando hay temas centrales que deben ser debatidos”.

En relación con la cuestión de fondo del conflicto y las derivaciones que acarreará el conflicto, Vargas Durán aseguró que “no cabe ninguna duda que la mujer se merece su espacio en la vida política e institucional de una comunidad, pero este conflicto generado a partir de un pronunciamiento judicial pone al desnudo otra cuestión que hoy institucionalmente no se respeta, el de división de poderes o de las autonomías”.

Haciendo un paralelismo con la situación que atraviesan los estados municipales, que desde hace décadas reclaman la sanción de la ley de coparticipación municipal, Vargas Durán pone en tela de juicio el principal argumento de los legisladores que se declaran ofendidos por la sentencia. “Justamente el argumento que se lanzó a la opinión pública para justificar ese jury de enjuiciamiento fue el del avasallamiento de facultades o autonomías -indicó el funcionario- aunque la realidad muestra que ese argumento ha quedado como una actitud de pretender ser más papista que el Papa. Me pregunto: del avasallamiento de las autonomías municipales quién se hace cargo?. Acaso los intendentes debemos promover juicio político a los que tienen la responsabilidad de dictar la Ley de coparticipación ordenada en el año 1986 por la Constitución Provincial para el que dispuso un plazo de 180 días? o por el caso de comisiones municipales como Yala que deberían ser municipalidades por mandato constitucional, en ambos temas ni siquiera se intentó nada, con el agravante que existieron y existen integrantes del Legislativo que fueron jefes comunales.

“En esto los partidos de la oposición tampoco pueden mirar para otro lado -puso de relieve Vargas Durán- por que hay acciones en las que jamás incursionaron. Pero creo que en ningún caso debemos acudir a acciones extremas de crispación, máxime cuando hablamos de los poderes esenciales del Estado como lo es la Justicia o el Legislativo, hoy tenemos una sociedad casi dividida por los problemas sociales y de toda índole, que si bien se van resolviendo lentamente, es necesario dar mayor agilidad para que el común de la gente perciba la sensación de que se van superando cuestiones como la desocupación, inseguridad, la injusticia, la falta de inversión, etc. en donde la diversidad de pensamientos debe ser una de las herramientas de trabajo a esos fines”.

“Una comunidad que convive en la disidencia de un modo razonable es una comunidad que tiene asegurado su bienestar”, reflexionó el dirigente justicialista.

Finalmente señaló que “nuestra Constitución local tienen previsto los remedios legales para que la propia justicia recomponga aquellos fallos que resulten arbitrarios, y como si fuera poco también puede actuar contra los jueces que incumplan manifiestamente con sus obligaciones, entonces porque no realizar primero un control de legalidad del Poder Judicial en el ejercicio de sus atribuciones en vez de caer en el exceso de acudir a acciones extremas, si hay tiempo para trabajar en la coyuntura seria conveniente ocuparlo mejor para resolver cuestiones centrales como lo es el tema del municipalismo en Jujuy, por ejemplo, que me toca de cerca por ser referente del mismo, aunque hay mucho temas sobre los que se deben discutir. La falta de una ley de coparticipación o un régimen transitorio de recuperación financiera, atenta contra el desarrollo de cada región y con ello el de la Provincia toda, en estos tiempos difíciles los jujeños exigen responsabilidad y compromisos extremos de quienes somos dirigentes políticos y hoy flaco favor le hacemos con estas cuestiones dilatorias”.