El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, y el gerente general del IPAV, Juan Carlos García, negaron una discriminación por color político o línea partidaria en la distribución de las 1.961 viviendas que se licitarán en junio.
Varela y García convocaron a conferencia de prensa para hablar exclusivamente de la distribución de las viviendas que se están construyendo a través del convenio por 6.000 casas que firmó en 2008 el gobernador Oscar Jorge con la presidenta Cristina Fernández. Lo hicieron unos días después que trascendiera el malestar de algunos diputados justicialistas -que no están encolumnados con la línea del gobernador- con el número asignado a su localidad. Mientras las quejas provinieron desde el Frepam, el gobierno no se preocupó por formular aclaración alguna.
Varela recordó que el plan de obras contempla la construcción -en varias etapas- de 6.469 viviendas, 6.000 de ellas a través del convenio firmado con la presidenta, y las 469 restantes como remanentes de planes anteriores. Según afirmó, al momento de distribuir las viviendas se tomó en cuenta la cantidad de inscriptos que había en toda la provincia y la relación con el número de unidades a levantar. De ese cotejo surgió que se podía cubrir el 73,73 por ciento de la demanda existente en ese momento.
Este porcentaje del 73,73 por ciento se trasladó a todas las comunas para calcular el número de casas a asignar a cada una de ellas. Ese fue el criterio que se utilizó en toda la provincia, sin detenerse a mirar el color político o afinidad partidaria de su intendente, aseguró el ministro de Obras Públicas.
Compensación.
Si hubo localidades que en este momento recibieron un número mayor a ese 73 por ciento fue porque en la primero o segunda etapa se licitaron un número menor de viviendas. Esto fue producto, explicaron Varela y García, de que en ese momento las comunas no habían resuelto el problema de la titularidad de las tierras donde construir los nuevos barrios.
El caso más notorio, señalaron, fue el de Realicó. Por este motivo es que en esta tercera etapa se le asignaron más viviendas que al resto, al solo efecto de compensar las que no se pudieron licitar en las dos primeras oportunidades.
En tren de refutar las suspicacias de diputados opositores e incluso oficialistas, Varela aseguró que muchos pueblos recibieron un cupo superior a ese 73 por ciento, casas que se restaron a Santa Rosa y General Pico.
"Creemos -dijo Varela- que las inquietudes surgen por falta de información, esto fue demasiado claro cuando se decidió hacer de esta manera siempre cuando uno elige un criterio hay discusión pero tomar el 73.73% para cada localidad ha sido justo", aseguró. "Se tuvo en cuenta, como siempre tiene en cuenta el gobierno provincial, que cada localidad tenga proporcionalmente la misma cantidad de viviendas para generar mano de obra como lo hace el gobierno en todas sus obras y por ello se asignó el máximo de acuerdo a los terrenos", reiteró.
Por último, los funcionarios señalaron que el número actual de inscriptos está en las 12.000 personas y anticiparon que las licitaciones de esta tercera etapa se realizarán entre el 5 y 7 de junio.
Créditos individuales
El gerente general del Instituto de Vivienda, Juan Carlos García, estimó que en breve se concretará el lanzamiento de la línea de créditos individuales que anunció el gobernador Oscar Jorge tiempo atrás. Ayer dijo que están definiendo cuestiones administrativas sobre las características de la línea -mencionó intereses y plazos- y que sólo restan "2 ó 3 factores" para definir. El plan, recordó, contempla 1.000 créditos de hasta 200.000 pesos cada uno a devolver en 4 años.



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