Allí se incluye mi respuesta. Contiene un error de traducción, que no es imputable a Clarín, y que el Dialogue ya se comprometió a aclarar, que tergiversa mi opinión en el punto sobre la designación de los directivos del ente estadístico. Aprovecho para enmendar también la afirmación de Ana María Edwin, quien ayer dijo que Clarín y La Nación crearon la fábula de la patota en el INDEC. Fui yo en este diario quien informó sobre el tema, lo cual motivó el reproche de Mario Guillermo Moreno. Para que conste, la que sigue es mi respuesta completa:

En julio de 2007 denuncié desde el diario Página/12 que custodios armados circularon entre los técnicos del INDEC, para controlar las computadoras y manejar las cifras que se difundían. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que presido, reclamó al gobierno junto con las principales universidades públicas y privadas y un centenar de investigadores que volviera a difundir la base usuaria de la Encuesta Permanente de Hogares, porque la información estadística es un bien público cuyo conocimiento es un derecho de la sociedad. Gracias a ello esa información volvió a publicarse en forma regular y aquel tipo de abusos no se repitieron. El proyecto del Senado responde a esa inadmisible vandalización política del INDEC. Pero es una respuesta también política, para golpear al gobierno en uno de sus flancos más débiles. El Congreso asume el papel central en la selección y designación de los directivos del INDEC, en un injerto parlamentarista a un régimen similar al estadounidense en cuando a los privilegios del Poder Ejecutivo. Su aprobación en la Cámara de Diputados es incierta, ya que dentro de la oposición hay distintos criterios sobre la reforma y su ritmo. Ciertos partidos exigen la reincorporación de técnicos a los que el gobierno señala como manipuladores de las cifras, pero otros se oponen, lo cual también se relaciona con la división del personal en dos sindicatos antagónicos. Ni el gobierno ni la oposición han manifestado voluntad para encontrar una salida constructiva.