Tres juezas de familia que cumplían funciones en el Valle de Uco fueron suspendidas de sus cargos por el Jury de Enjuiciamiento que, a ese solo efecto, se reunió en la víspera y las puso a las puertas de la destitución.

Desde ahora, sólo cobrarán el 50% del salario (el restante 50% está embargado), mientras que tienen treinta días para preparar las respectivas defensas.

María Elizabeth Lizán, Susana Barrigón y Adriana Rodríguez, no sólo estaban siendo investigadas por un juez de Instrucción sino que también desde el cuarto piso del Poder Judicial se ha cuestionado las intervenciones que las han tenido como protagonista en temas de adopción.

Hecho inédito

Esto marca un hecho inédito dentro de la Justicia mendocina por varias razones, pero son dos las que sobresalen: primero, no hay antecedentes sobre el pronunciamiento de un jury para tres magistrados; segundo, por ahora, esos tres juzgados de Familia serán atendidos por la conjueza María Carolina Agbo Guevara que ya se encontraba remplazando a Susana Barrigón, ante un pedido de licencia por enfermedad.

Además, según se pudo conocer que la Suprema Corte, que tiene la superintendencia, nombrará por lo menos a un nuevo conjuez cuando se reanude la actividad la próxima semana.

El Jury estuvo integrado por miembros de la Suprema Corte y legisladores provinciales. Así fue que pasadas las 10, en el cuarto piso del Palacio de Justicia y con la presidencia de Alejandro Pérez Hualde, se inició la reunión de la que participaron: Carlos Böhm, Mario Adaro, Graciela Mastrascusa, Gladys Marsala, María Silvina Ábalos, Adolfo Rodríguez Saá, Sergio Moralejo, María Godoy, Mónica Zalazar, Silvia Ramos, Néstor Parés, Néstor Guizzardi, Aldo Vinci, Héctor Quevedo, José Escodo, Juan Carlos Jaliff, Ernesto Corvalán, Ricardo Pettignano y Néstor Márquez.

Once afirmativos

Al término del cónclave, que se extendió por un par de horas, la votación arrojó once por la afirmativa (número suficiente para que se siga con el Jury) y nueve por la negativa. Este Jury llegó de la mano del titular del Primer Juzgado de Instrucción del Valle de Uco, cuando a días del inicio de la feria judicial de julio, consideró que sus pares podrían haber cometido -entre los años 2009 y 2010- los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad documental y prevaricato, con relación a la adopción de menores, después de que una madre hiciera la correspondiente denuncia penal.

Paralelamente dos de las magistradas ahora suspendidas (Lizán y Barrigón) estaban siendo investigadas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en un expediente iniciado por Silvina Barón Knoll, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte. Las tres juezas suspendidas tienen 30 días para preparar la defensa y producir la prueba, cobrar la mitad de la remuneración hasta tanto se llegue a la sentencia, tiempo en que no podrán ejercer el cargo.