“Hay problemas periodísticos, entonces tenemos que definir bien el informe... este chico estuvo demasiado tiempo con un coágulo importante en la cabeza”. Las frases se recordarán durante años y forman parte de la supuesta conversación que habrían tenido médicos del Hospital Público Materno Infantil tras la polémica muerte de un niño de 7 años. Pruebas de este tipo, obtenidas con una grabación clandestina, firmarían una condena segura para muchos. Sin embargo, implican un debate sobre su validez que los jueces deben resolver cada vez más seguido en épocas de revolución tecnológica.

Luciano Martínez había llegado a la capital desde Isonza tras golpearse en la escuela. Después de que falleció, alguien mandó a los medios de comunicación un audio que reproducía un aparente diálogo entre profesionales que lo habrían atendido.

En la charla, parece que los médicos asumieran problemas en la asistencia e intentaran acordar cómo minimizar responsabilidades.

Poco antes, canales de todo el país reproducían imágenes sobre la tortura a dos detenidos en una comisaría de General G�emes. La situación originó una investigación por la que hay seis policías detenidos.

Pese a que las culpas podrían parecer resueltas en estos dos casos, el camino para que la Justicia decida si un audio o un video son válidos es largo.

Las leyes dicen que cualquier prueba sirve para condenar siempre que no vulnere garantías constitucionales y que no se haya conseguido de una forma ilegítima. Además, debe estar certificado que no existió ninguna forma de edición.

Una declaración podría ser descartada por los jueces si se obtuvo en la intimidad de una persona sin que ella lo supiera. Una de las razones es que podría no quedar claro si alguien la indujo a decir algo determinado.

“Todo medio de evidencia que viola garantías como el derecho a la privacidad carece de validez”, dijo un miembro del Poder Judicial que prefirió que no se publique su nombre en un contexto convulsionado por las cintas e imágenes que se conocieron en los últimos días.

“Una grabación se puede ofrecer como prueba, pero después el juez deberá analizar su alcance y veracidad”, señaló a El Tribuno la ministra de Justicia, María Inés Diez.

Alvaro Ulloa, defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, también habló de la importancia de corroborar, sin referirse a la acusación concreta contra los médicos o los policías que se debate. “Es un tema muy complejo. Las posibilidades de edición son muchas”, consideró.

Diez también destacó que los videos o audios pueden servir como el disparador de una investigación judicial en la que deberán sumarse muchos otros datos hasta llegar a un fallo. “Nunca una causa se define con un único elemento”, apuntó.

El tema se pone en análisis cada vez más en un país con al menos un celular por habitante de acuerdo a cifras oficiales. Las posibilidades de sacar fotos, filmar y grabar circulan hoy por las calles con gran parte de los equipos de telefonía móvil.

Sin embargo, dependerá de decisiones judiciales el grado de validez que tendrán en una sentencia materiales como los que difundieron los medios de comunicación sobre los casos del hospital infantil o la comisaría de Gü�emes.

Más testimonios

Esta semana la fiscal Gabriela González continuará tomando testimonio a miembros del Hospital Público Materno Infantil en la causa por la muerte de un niño de Isonza que llegó con un fuerte golpe en la cabeza y murió dos días después, en junio pasado.

Las próximas actuaciones podrían ser decisivas ya que, en base a lo que aporten los profesionales, se espera que la fiscal decida si eleva la causa al juez.

Ya declararon ante González el neurocirujano Federico Chuchuy (fue suspendido en su cargo por Salud Pública a raíz de este caso). También fueron citados para dar su versión de los hechos, en calidad de imputados, los médicos José Muela y Alberto Aleman.