El procedimiento de control y fiscalización de obras que aplica el municipio tiene muchas deficiencias normativas y de funcionamiento. Así quedó demostrado ayer en la reunión entre concejales y altos funcionarios municipales.

A lo largo de cuatro horas de explicaciones y preguntas se evidenció que el municipio no tiene injerencia, "porque no lo dispone la normativa vigente" a la hora de controlar los cálculos estructurales de una obra. "No se hace ningún peritaje en ninguna obra porque el profesional tiene que presentar una memoria estructural y se hace responsable de la obra", explicó Sergio Rivas, subsecretario de Planificación Urbana, a cargo de Obras Particulares.

Rivas asistió a la reunión de la comisión de Obras Públicas junto al secretario de Obras Públicas Ricardo Amerio, el secretario de Coordinación Marcelo Bermúdez, la secretaria de Desarrollo Humano, Yenny Fonfach, y funcionarios menores del área.

Los funcionarios llevaron los planos de las todas las construcciones que tiene Néstor Guerrero en el predio lindante a las calles Ortega y Gasset, Godoy y Belgrano, donde ocurrió la tragedia de la Cooperativa Obrera. En un examen conjunto sobre fechas de aprobación de planos y detalles de las obras habilitadas desde 1990 hasta la fecha, quedó demostrado y fue reconocido por Rivas, que Guerrero primero construía y al finalizar las obras presentaba planos en el municipio.

Según explicó Rivas, para registrar una obra el municipio solo exige contar con esa memoria estructural, firmada por un profesional que puede ser arquitecto, maestro mayor de obra o ingeniero. Esta memoria es un detalle de tipo construcción y materiales de vigas, columnas y hormigones, entre otras cuestiones. Rivas sentó su justificación en el decreto reglamentario de la ordenanza 10397 sobre tramitaciones y permisos de obra. "El decreto establece que se deberá contar con la certificación de obra, sin que ello implique verificación de materiales y vicios ocultos, firmada por un profesional responsable", aclaró.

El concejal del MPN, Juan Pablo Prezzoli le contestó con el texto de la norma que en su artículo primero determina que "las construcciones que hayan sido ejecutadas contraviniendo normas de edificación no podrán ser registradas".

"El municipio debe ejercer su poder de policía, que por Carta Orgánica es su derecho indelegable. Toda obra de magnitud debe ser controlada por el Ejecutivo para garantizar la seguridad pública", comentó el edil.