El principal imputado. Luis Oliva, ex intendente de Cura Brochero, ya afrontó un juicio por irregularidades en su función (Raimundo Viñuelas/Archivo).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba fijó para el próximo 12 de junio el comienzo del juicio oral y público en la causa denominada “Menéndez III” y que juzgará los crímenes cometidos en el ex centro clandestino de detención La Perla. En el expediente, que surge de la acumulación de ocho causas, figuran entre 250 y 300 víctimas.

Esa misma Cámara del Crimen, integrada por Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y Julián Falcucci, postergó el juicio contra seis ex intendentes y presidentes comunales de la provincia de Córdoba, fijado para pasado mañana, y puso como nueva fecha el 12 de junio.

Las causas se superponen y los camaristas tendrán que optar por juzgar primero a los militares o a los políticos.

El caso de los ex intendentes acusados de defraudación por administración infiel se remonta a hechos ocurridos hace entre 12 y 14 años, y su realización se complica por la extensión de los juicios por delitos aberrantes cometidos durante la última dictadura. Por esa razón, muchas causas vinculadas con delitos económicos se van postergando.

¿Cuáles son los motivos de las demoras en el ámbito federal que tiene dos tribunales orales?

Las respuestas las tiene Ernesto Gavier, defensor del ex intendente de Los Cocos, Jorge Aníbal Monayar, quien había solicitado la postergación del juicio que debía comenzar el próximo martes.

El abogado justificó su solicitud en virtud de que previamente se había fijado fecha para una causa muy relevante que comienza en el ámbito de la Justicia provincial.

“Los juicios se están demorando mucho, tanto en el Tribunal Oral Federal N°1 como en el Oral 2, por estos juicios por violaciones a derechos humanos, justificados por supuesto, que se postergan por varios meses y hasta pueden llegar a superar el año debido a su complejidad y lógicamente a la cantidad de testimonios que se deben receptar”.

Gavier sostiene que los dos tribunales “no dan abasto y tendría que haber por lo menos tres”.

Tribunal demorado. Sobre el tema, Luis Roberto Rueda, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, se lamentaba tiempo atrás porque a pesar de que ya se tomó la decisión de crear el tercer tribunal oral, todavía no se abre el concurso para la designación de los jueces y de los funcionarios y empleados que se desempeñarán (se estima que son necesarias unas 150 personas).

El penalista Gavier alude a otro punto que atenta contra la agilidad de los trámites en la órbita federal y que es necesario reconocer.

Esto tiene que ver con las funciones que deben desempeñar los jueces. “Mientras en la provincia los jueces están afectados a un fuero, los jueces federales tienen una multifunción, abarcan todos los fueros. Deben resolver cuestiones penales, civiles, administrativas, laborales, fiscales, lo que es una barbaridad”, se defienden desde los tribunales del Parque Sarmiento.

En ese estado de cosas, las causas viejas se interrumpen permanentemente. “Se atrasa todo, las indagatorias se demoran y no se puede negar que la Justicia Federal está colapsada. Hay tres juzgados y falta un juez desde hace un año, también se atrasa la Cámara Federal, donde hace mucho más tiempo que faltan magistrados para integrar las salas porque no se cubrieron las vacantes de los que se jubilaron. Todo esto genera un cuello de botella imposible de superar”, considera Gavier.

“Para nosotros es un problema hasta de ingresos porque si no se hace la audiencia no cobramos”, concluye el abogado.

Eduardo Cúneo, defensor de Luis Ernesto Oliva, ex intendente de Cura Brochero y principal imputado en la causa contra ex funcionarios que desviaron o se beneficiaron con los planes del Programa Trabajar, tiene una visión distinta para explicar la demora de ese juicio. “Criollos y serranos, por eso no les han dado pelota, porque son intendentes del fin del mundo. Pomposamente se habla de presidentes comunales, se habla de comunas que son sólo parajes”.

Se pueden escuchar varias campanas más, pero lo cierto es que en la postergación de muchos procesos tiene que ver la inexplicable demora del Poder Ejecutivo Nacional para cubrir las vacantes de jueces y camaristas.

Hay que tener en cuenta que los candidatos a cubrir vacantes ya han rendido y están listas las evaluaciones y las posteriores entrevistas que efectúa el Consejo de la Magistratura. Todo este proceso de selección de aspirantes a magistraturas vacantes tiene más de dos años. Y se ha llegado al colmo de que se creó un tercer tribunal oral que por ahora no tiene camaristas ni empleados.