El paisaje de la ciudad cambia de tanto en tanto. Ahora, las camionetas de la Prefectura Nacional, apostadas en las arterias más transitadas, detienen a las madres y padres que transitan con los coches cargados de críos en las horas de entrada y salida de las escuelas. Les piden papeles, como si se tratara de un mero operativo de tránsito, y simplemente registran en una planilla todos los números que constan en la tarjeta verde del vehículo.

Pero cumplen esta estrafalaria función con un FAL cruzado en el pecho, o en algunos casos apuntando al conductor del coche, como si en vez de transitar hacia la escuela, el conductor cruzara la zona de trincheras en plena guerra.

Lo bueno sería saber para qué. Para qué se hace esto. El conductor, intimidado por la cercanía del arma, podrá pensar que de esta manera se encuentran personas al volante que son en realidad delincuentes con pedido de captura, pero no. Porque los prefectos no informarán por radio los datos identificatorios, ni consultarán por el mismo medio si un vehículo con este dominio se ha registrado como robado. Solamente, y a paso lento, escribirán en una papeleta porque -dicen las malas lenguas- esa fuerza nacional necesita entregar determinada cantidad de datos verificados por día: no importa si se trata de escolares o vendedores de medias de la calle. Son simples datos que avalan una estancia en la ciudad, alojamiento pago y combustible infinito. Sólo falta la yerba que -eso sí- pagan los prefectos.

Área de peligro

“En Mar del Plata hay zonas muy pero muy complicadas, donde difícilmente pueda ingresar un patrullero. Para eso necesitaríamos un apoyo como el de Prefectura”, dijo ante los micrófonos de la 99.9 el ex jefe distrital Gustavo Salvá. Sus palabras fueron un disparador para comenzar a pedir explicaciones sobre la tarea que desarrolló aquella fuerza en el presente año -y que él catalogó de estéril-, además del dineral que ha costado.

El problema es que hacia esos sectores de la ciudad, las camionetas blancas no se dirigen ni en broma: los prefectos están viviendo su experiencia en Mar del Plata como un subsidio para tomar mate y mirar el paisaje. Hasta el momento, no han intervenido en ningún hecho de inseguridad, ni puede afirmarse que lo hayan prevenido.

Salvá aclara que tiene el máximo respeto por la fuerza, y también por sus efectivos, pero que, como están las cosas, la tarea que llevan a cabo es una falta de respeto para los ciudadanos de Mar del Plata, por su falta de coordinación. “La mediocridad les cuesta la vida a los ciudadanos”, afirmó el actual comisario inspector.

Los prefectos llegaron a la ciudad en el marco de Plan Integral de Protección Ciudadana, un proyecto acordado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el fin generar acciones efectivas para disminuir los delitos violentos, que se aplicarían a través de sendos acuerdos con los municipios que más lo necesitaran. El plan original incluía instalar un sistema de video de seguridad, sistema de monitoreo satelital para patrulleros a través de equipos de GPS, una red de alerta vecinal proveyendo celulares a los patrulleros, un Centro de Operaciones Municipal para coordinar las acciones. Se proyectaba además incorporar a policías retirados, equipos de apoyo como refuerzo, y adquirir patrulleros nuevos para las fuerzas policiales del distrito.

En vez de todo eso, esta comuna recibió y financió un montón de efectivos de Prefectura. Algunos dicen que son 500, aunque Salvá ha dicho que es imposible que alcancen este número. Cuentan con un máximo de diez vehículos, en los cuales se ha gastado la mayor parte del presupuesto asignado para aquel plan integral.

En efecto, el proyecto implicaba un total disponible de $27.000.000, de los cuales la municipalidad cobró $13.800.000. ¿Qué hizo? Ése es el tema.

Lo primero que puede decirse es que hasta el momento no hizo una efectiva aclaración de las cuentas, porque desde la Jefatura del Gabinete de Ministros se le solicita al Intendente que cumpla con el protocolo previsto para la rendición de gastos. En medio de los reclamos, un rápido análisis de los escasos comprobantes de tales erogaciones lleva a sacar conclusiones que dan, por lo menos, miedo.

¿Y la plata?

Los efectivos de la Prefectura se alojan en hoteles del complejo de Chapadmalal, por los cuales se pagan facturas importantísimas que dicen solamente “servicio de hotelería”, pero no por cuántas plazas se están cobrando, ni cuántos días de alojamiento ni a qué precio. Los comprobantes registran la razón social Resaka SRL que, según sostienen fuentes consultadas -e independientemente de los papeles de constitución de la sociedad responsable- sería propiedad de un personaje apodado “Garrafa” Pérez, que alguna vez fue concesionario de la limpieza del palacio municipal y no dejó de gritar a los cuatro vientos que él era amigo de Pulti, entonces edil. Allí se fue una parte importante del dinero.

También se indica que compraron -por ejemplo- silbatos para los prefectos. Silbatos, sí: les costaron $70 cada uno. Pero atención que en el instructivo para la rendición de cuentas dice específicamente que los bienes y servicios contratados deben seguir los precios de mercado. También compraron insumos para los coches. Es una medida de prevención, eso está bien. Pero atención: compraron 40 baterías para un máximo de diez coches, y 200 cubiertas para la misma cantidad de vehículos. ¿Cuántas ruedas pensaban ponerle a cada camioneta? ¿Veinte?

Para colmo de males ni siquiera “hacen como que” participan de los operativos. El mismo Salvá relata que estaban en pleno procedimiento en una villa de emergencia con un resultado violento, y le pidieron apoyo a un móvil de la Prefectura que se encontraba a 200 metros. No intervinieron. Como tampoco intervinieron ante la muerte del kiosquero de calle Edison, cuando estaban apostados prácticamente en la puerta.

Lógica indignación es lo que despierta la situación, sobre todo porque los patrulleros policiales trabajan en condiciones deplorables. Hay 90 cuadrículas en la ciudad, y 90 patrulleros que gastan por noche 1.500 litros de combustible. La prefectura gasta 1.000 litros en 10 vehículos: ¿cómo hacen?

Afortunadamente, varias voces se han alzado pidiendo una respuesta. Por una parte la diputada provincial Julia García ha pedido públicamente explicaciones acerca del destino de los fondos, ya que para ella la seguridad de la ciudad es un tema central al cual debe darse una resolución mucho más efectiva que gastar el dinero de esta forma. Solicita una investigación por el posible fraude, y recuerda que cuando el dinero llegó a la ciudad ella recomendó al Intendente que se pusiera en funcionamiento el instituto cerrado para menores que está detrás de la cárcel de Batán. El intendente Gustavo Pulti le respondió que el dinero no era para eso.

El concejal del GEN Guillermo Schütrumpf, por su parte, impulsa la creación de una comisión investigadora que, desde el seno mismo del HCD, dé cuentas de cuáles fue exactamente el destino que tuvieron los fondos. “La Prefectura debió de haber trabajado de acuerdo con la policía”, dice. Hasta el momento el crimen no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Ahora el bloque de Acción Marplatense es el que, con su voto, deberá avalar o no la creación de la comisión. Pero el concejal dice que debería hacerlo en pos de la trasparencia que tanto pregona, si es que realmente no hay nada que ocultar.

Mientras todo esto sucedía, el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani actuó de oficio ante las declaraciones públicas que planteaban dudas sobre el manejo de los fondos, ya que encontró elementos suficientes para efectuar una denuncia penal con el cargo presunto de defraudación contra la administración pública, que sin embargo deberá luego comprobarse o ajustarse la figura a los hechos acaecidos. Mientras tanto, los efectivos de la Prefectura parecen gozar de vacaciones pagas.