La usurpación de viviendas es un fenómeno urbano que ha cobrado visibilidad en el último año, y que al parecer no es de fácil solución. A la situación de las casas del Plan Plurianual, más de 80 que están ocupadas ilegalmente desde hace más de un año, se le suman casos particulares que cobran notoriedad pública por la intervención policial, judicial o en algunos casos de los damnificados, en forma directa.
El viernes, un desalojo en el Barrio Fonavi puso de manifiesto los complejos ribetes de estos casos. Gabriela Di Marco habitaba la casa 65 con su hijo de 18 años, cuando al parecer la vivienda fue ocupada ilegalmente por Diego Bustillo, Celeste Toledo y el bebé de ambos. Mediante un fuerte operativo, efectivos de la Comisaría Primera, Policía Departamental, Caballería e Infantería desalojaron la casa y aprehendieron a Bustillo, acusado de efectuar daños en el interior. La pareja terminó dejando sus cosas en la vereda de un familiar, y expresando su acuciante necesidad de un lugar para vivir.
Días pasados, el martillero Roque Di Rocco logró que los ocupantes ilegítimos de una vivienda se retiraran de la misma, sin intervención policial ni judicial. No obstante, advirtió que "son muchas las viviendas usurpadas en Tres Arroyos, y muy lentos los trámites judiciales para el desalojo". La casa en cuestión está ubicada en Matheu 959 y era ocupada por una pareja y un niño de 10 años.
Se contraponen derechos legítimos y necesidades, leyes vigentes y promesas incumplidas, lo que sin duda dificulta cualquier vía de solución al problema.
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