La usurpación colectiva de tierras fiscales en Río Gallegos comenzó hace 7 años atrás, durante el gobierno del Intendente Héctor Roquel (UCR). En aquel momento, unas 150 familias (inicialmente) ocuparon tierras destinadas a espacios públicos, a los que luego se fueron agregando familias que en pocas horas levantaron viviendas precarias en sectores adyacentes del vaciadero municipal. A pesar de las denuncias y los reclamos, cada vez más familias llegaron al lugar, hasta que, finalmente, quedó establecido un enorme conglomerado de gente jamás desalojado de allí ni establecidos en otro sector de la ciudad. En aquel momento, era el propio FPV, quien criticaba al intendente Radical de no haber tomado las medidas necesarias tanto para evitar la ocupación de esos predios fiscales como de no haber articulado políticas de tierras para satisfacer las demandas.

Ahora, bajo el gobierno municipal de Raúl Cantín (FPV) el fenómeno se vuelve a repetir, con una ocupación ilegal de tierras en adyacencias del denominado Barrio Los Lolos (rebautizado Néstor Kirchner), donde se calcula que más de 200 familias se han establecido y a pesar de las denuncias presentadas ante la justicia y las amenazas de desalojo, siguen entrando ocupas y se están levantando, además de viviendas de material ligero, otras de material húmedo. Una vez más se disparan las críticas sobre la falta de políticas de tierras en la comuna y una vez más, como en la era de Roquel, nadie quiere pagar el costo político que implica adoptar medidas drásticas para recuperar las tierras usurpadas.

El Intendente se ha reunido con autoridades de la Marina, para comenzar a planificar una posible entrega de tierras por parte de esta Fuerza, con el fin de ampliar el ejido y crear espacios que puedan ser loteados para satisfacer las demandas de la gente; sin embargo, el problema de fondo no se soluciona, es decir: la ocupación ilegal de tierras seguirá existiendo en Río Gallegos, porque está probado que quienes resisten las amenazas y las presiones del primer momento, triunfan.

El problema que tienen los intendentes en Río Gallegos, es que ninguno ha diagramado una política de tierras, tienen en las oficinas archivados miles de pedidos sin resolución, se han otorgado tierras de manera irregular, se han favorecido a amigos y partidarios y nunca se purgó el padrón de solicitantes ni se dio prioridad a quienes realmente lo necesitan. Esto trajo como consecuencia, la toma de posesión por la fuerza, de espacios con destino público, ante la realidad que demuestra, claramente, que con el tiempo, el municipio le termina reconociendo derechos que no les corresponden.

En el último asentamiento que se produjo en el Barrio Los Lolos, se han denunciado a gente que, teniendo propiedades en Río Gallegos, usurparon para luego vender la tierra. En otros casos, los propios vecinos que están allí establecidos desde hace tiempo, señalan que hay personas de distintas nacionalidades que han traído familias entera de zona norte y que ni siquiera poseen trabajo en la ciudad. También hay quienes han solicitado tierras en la municipalidad y a pesar de haber transcurrido 5 o más años, no han tenido respuestas.

Hasta hace poco, la policía tenía orden de vigilar los ingresos al nuevo asentamiento con el fin de impedir el acarreo de materiales de construcción a los predios usurpados; esta medida también desapareció y hoy no existe la presencia policial. De acuerdo a la experiencia aportada por el ejemplo del barrio del Vaciadero, estamos en condiciones de afirmar que en este caso, los nuevos habitantes de Río Gallegos llegaron para quedarse y que en poco tiempo más, como ha ocurrido en otros casos, comenzarán a demandar los servicios públicos correspondientes y la Municipalidad, sin respuesta política hasta hoy y sintiéndose responsable directa, tendrá que otorgar.