Concretamente, el abogado informó que la jueza dispuso que “el desalojo que pide la provincia se puede hacer en tanto y en cuanto se cumplan los requisitos que establece la comisión permanente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para los desalojos por la fuerza, vinculados a asegurar a las mujeres y a los niños, entre otras cuestiones”.

Lo trascendental de la resolución, en la visión de Rondina, es que “expresamente dispone que en el caso de las familias que no tengan viviendas, para poder desalojarlas el gobierno deberá proporcionarles un techo porque están en situación de calle”. En la resolución de la jueza, textualmente se aclara que “el gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para asignar a las familias un lugar provisorio de conformidad a lo dispuesto; es decir, que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.

“Ahora se abre un canal de diálogo por 48 horas —aseguró el abogado—, a los fines de que el desalojo sea voluntario y no forzoso”. En otro orden, Rondina manifestó que la Justicia no autorizó a la Municipalidad de Santa Fe a ser querellante de la causa porque entendió que “no está directamente afectada”.

En horas de la siesta El Litoral se comunicó con el fiscal Rubén Díaz que confirmó la decisión judicial. La resolución aclara que en el caso de tener que usar la fuerza pública, el trabajo deberá ser coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Vivienda, bajo las siguientes condiciones: en horas diurnas y jornadas de buen tiempo; cantidad proporcional de personal policial a personas a desalojar; deberán estar todos los agentes de seguridad identificados; y registrarse todo en un soporte fílmico; las mujeres deberán ser desalojadas por personal femenino; tendrá intervención la Subsecretaría de la Niñez, para verificar el estado de los menores.

Mañana se cumplen tres semanas de la ocupación del plan Santa Rita II de parte de los militantes de la CCC.