La usurpación del barrio Antinaco, ubicado en el suroeste de la ciudad, ya cumplió un año y cuatro meses. Las familias que usurparon las alrededor de 60 casas permanecen impunemente en el lugar. El fiscal a cargo de la causa había solicitado allanamientos pero les fueron denegados, hoy se espera que la Cámara de Apelaciones resuelva un recurso de queja presentado por ese Ministerio Público.

En tanto desde el Gobierno solo se limitaron a dar a conocer un comunicado en donde informaba que las usurpaciones de viviendas son responsabilidad de las empresas constructoras y debe resolverlas la Justicia.

Las viviendas fueron usurpadas entre finales de noviembre e inicio de diciembre del 2013. Un fin de semana alrededor de cuatro familias se presentaron en el barrio y ocuparon las viviendas a medio construir.

Según la información a la que accedió El Ancasti, ante las primeras usurpaciones ocurridas un sábado, la policía dio parte al fiscal en turno de la Unidad Fiscal Correccional en ese momento, Sebastian Lipari, quien por medio de un oficio le ordenó al jefe de la comisaría actuar en consecuencia si otras personas intentaban ocupar más viviendas. Por causas que se desconocen, la orden no se cumplió y para el lunes siguiente un total de 60 familias ya se habían apostado en las casas.

Ante la situación y la denuncia efectuada por la empresa constructora, con fecha del 17 de diciembre de 2013, el fiscal solicitó al Juez de Control de Garantías libere la orden de allanamiento en el lugar a los efectos de proceder a la detención de 18 personas a quienes tenía identificadas e imputadas por el delito de "usurpación en calidad de coautores". Fue personal de la Unidad Judicial Nº 6 quienes, bajo directivas del fiscal, notificaron a dichos imputados de las audiencias para declaración de imputado y los mismos se negaron eludiendo así a la Justicia.

El Juez de Control de Garantías, con fecha del 11 de marzo del 2014, rechazó tal solicitud  "en atención a que el domicilio objeto de la medida no se haya debidamente identificado puesto que solo se refiere a un barrio en construcción y de forma alguna es posible identificar con tales datos el ámbito físico específico de cada una de las personas a detener", señalaba el documento.

Ante la respuesta, el fiscal decidió apelar la medida la que también fue rechazada por la Cámara de Apelaciones.Igualmente, el fiscal Lipari decidió presentar un "Recurso de queja” detallando nuevamente sus fundamentos para solicitar el allanamiento y detención y solicitó a la misma Cámara haga lugar al recurso interpuesto y conceda el recurso de apelación indebidamente denegado. Hasta la fecha el Tribunal no se expidió al respecto.

GobiernoPor su parte, el Gobierno a mediados del año pasado desde el Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer un comunicado en donde se expedían en cuanto a las usurpaciones de viviendas. Señalaron que son las empresas que llevan adelante los trabajos las que deben realizar las denuncias y en paralelo textualmente habían indicado que "deja el proceso de desalojo en manos de la justicia”,  puntualizando que "el resguardo de las construcciones y la vigilancia para impedir el acceso de personas ajenas a la obra le corresponde pura y exclusivamente a las empresas constructoras, de acuerdo con lo establecido en el pliego de licitación adquirido previo a su asignación”. En el norte sí ordenaron los desalojos

 Distinto a lo ocurrido con la usurpación de las viviendas del barrio Antinaco, los ocupas de terrenos en  el norte de la ciudad no solo fueron desalojados del lugar, sino que la Justicia ordenó detenciones.

Durante el último fin de semana largo varias persona, alrededor de 50, ocuparon  terrenos pero tras una orden de la Justicia fueron desalojados por la policía de la provincia mediante un mega operativo sin inconvenientes. Así, se dio cumplimiento al pedido presentado por el fiscal Víctor Figueroa y avalado por el juez Porfilio Acuña. Los usurpadores no se opusieron al operativo y desalojaron los terrenos sin presentar problemas y aunque habían adelantado realizar protestas y cortes de calles nada se registró en los días siguientes.

Además del desalojo, la Justicia había ordenado la detención de al menos 16 personas por el delito de usurpación. La orden se cumplimentó en los días posteriores  y se procedió a la detención de 7 personas. Las mismas, mujeres y hombres, fueron imputados e indagadas por el fiscal Víctor Figueroa.