El Defensor del Pueblo estuvo en los predios invadidos en las 500 Viviendas y advirtió que hay mucha alarma entre los vecinos. "La realidad es muy preocupante y se podría desmedrar", indicó. Afirmó que es necesaria la inmediata intervención del Estado para frenar posibles hechos de violencia.
La situación fue dada a conocer por un medio gráfico colega y en la jornada de ayer tomó gran repercusión ante la intervención de la Justicia, la Policía y el Defensor del Pueblo.
"Fui ante las reiteradas solicitudes de los habitantes del lugar que estaban muy preocupados por la inseguridad que provocaban estas personas desconocidas", manifestó el defensor del Pueblo, Miguel Alegre, en diálogo con EL LIBERTADOR.
"Realmente son cientos de familias que se ubicaron en predios inmensos con carpas improvisadas, carpas de lona, chozas, de cartón, pero con divisiones bien delimitadas con alambres. Aquí se necesita la intervención de Estado: de la Municipalidad, el Gobierno y la Justicia para evitar que se torne incontrolable ", describió.
La situación no es más que una consecuencia más del gran déficit habitacional que se evidencia desde un tiempo en la provincia, en tanto que sería el tercer caso de usurpación violento, después del San Antonio Oeste y el de Trento.
En este sentido, Alegre destacó que más allá de la necesidad que pudiera existir de los okupas, se debe garantizar la seguridad de los habitantes que residen desde hace muchos años allí.
"Después de estar en el lugar, me reuní con el subsecretario de Seguridad, Wyler, y le solicité que destine patrulleros y custodios a los alrededores porque hay muchos roces y se podría desmedrar", informó.
JUSTICIA
De acuerdo con algunas informaciones, el caso estaría judicializado ya que dos empresas inmobiliarias locales habrían radicado la denuncia por la usurpación de los terrenos en la zona del Pirayuí, lo cual generó la inmediata intervención de la Fiscalía a cargo de Buenaventura Duarte.
Al parecer, a partir de ello, se enviaron mediadores de la Justicia y patrulleros policiales, con la intención de recabar información y saber la cantidad de personas instaladas y la situación de cada familia.
Según algunos datos, la Justicia trabaja en la documentación presentada por las empresas para determinar la posesión sobre los terrenos hoy ocupados. De justificarse este dato, se procedería al inmediato desalojo.
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