19/08/2012 00:00

Por Juan Pablo Martínez

Carmen y un grupo de familias decidieron tomar un terreno de barrio Marqués Anexo en abril pasado. Armaron sus carpas y se instalaron en el lote para exigir que desde el Estado le den una solución a su problema: la falta de viviendas. Entre las familias hay desalojados y gente que vive hacinada en casas pequeñas, dicen que los empuja la necesidad de estar mejor.

En Córdoba, la Policía Judicial registra un promedio anual de casi 400 denuncias por usurpaciones. En las zonas sur y noroeste de la ciudad se da el pico de presentaciones en las unidades judiciales (ver infografía). Se trata de una problemática social y también de intereses económicos.

Este número engloba todos los casos de usurpaciones sin discriminar si se trata de un grupo de familias, de un solo núcleo o de una persona, y si se ocupa un lote de grandes dimensiones o pequeño, con o sin construcciones. En Tribunales II, desde las fiscalías de instrucción, aseguran que los casos de usurpaciones masivas son la excepción, pero que existen.

“En relación a los delitos contra la propiedad, el peso de las usurpaciones es exiguo, pero expresa la existencia de un problema social porque trata de bienes inmuebles. Entendemos que en la mayoría de los casos son para afectación de viviendas para familias”, indicó Federico Storni, director general de la Policía Judicial.

La usurpación forma parte del combo de delitos contra la propiedad. Según los números de la Policía Judicial, en la ciudad se denuncian 140 mil delitos al año. De esa masa, 80 mil se encuadran en delitos contra la propiedad y casi 400 son usurpaciones.

Se dan con menor frecuencia en la zona centro, ya que se trata del área “más poblada y vigilada de la ciudad”. Cada una de las denuncias registradas en las unidades judiciales representan un sumario nuevo que se abre y cada uno de estos un caso puntual para investigar.

No todos los que usurpan lo hacen por necesidad habitacional. El interés económico o el rédito personal también forman parte de las motivaciones que empujan a la concreción de este delito.

En Córdoba, existen casos de personas que avanzan sobre edificaciones o terrenos de la Municipalidad sólo para sacarles provecho. Un ejemplo: la Dirección de Políticas vecinales tiene 13 centros usurpados. Un caso es el de barrio Sarmiento, donde unos vecinos ampliaron sus viviendas sobre tierras que le pertenecen al Palacio 6 de Julio.

Los límites de los distritos van más allá de la Circunvalación. El 4 tiene comprendido parte de las Sierras Chicas y el 3 avanza por la Ruta 9 norte. Según los fiscales consultados, las usurpaciones más frecuentes suelen ocurrir en zonas suburbanas o rurales, y en estos casos se dan usurpaciones de campos para explotarlos con algún cultivo.

El reclamo por viviendas. Sergio Costigliolo, líder regional de la organización Tupac Amaru, quien encaró varias usurpaciones masivas en la ciudad, aseguró: “Hay muchísimas y es un tema muy grave. El acceso legal al suelo urbano es imposible porque la mayoría de los terrenos está en manos de los poderosos del lugar, por eso se da esta forma inevitable de ocupación”.

El líder la Tupac también reconoció que hay ocupaciones de terrenos de apenas algunas familias y también de casos individuales, que ellos asesoran a quienes se les acercan con dudas sobre la problemática pero que “no se levantan banderas porque eso a veces complica la situación”.

Carmen vive con nueve hijos y seis nietos. Su casa tiene tres habitaciones y asegura que decidió tomar las tierras de Marqués Anexo para mejorar su situación. Los lotes ocupados le pertenecían a la Municipalidad y después de la ocupación se los cedió a los vecinos.

“La toma fue organizada por la gente del Marqués, pasa que no tenemos casas donde vivir, muchos están pagando alquileres caros y otros fueron desalojados de casas. Yo empecé la lucha por mis hijas, porque vivimos amontonados y es hora que cada uno tenga lo suyo”.

Esta problemática habitacional excede a clases sociales. En 2010, un grupo de beneficiarios del plan Hogar Clase Media, reconocidos como la versión Mix, tomaron un terreno en barrio Matienzo por la demora en la construcción de las viviendas. “La Provincia nos expuso a una situación de conflicto social y ya habíamos agotado todas las instancias de diálogo. Nosotros habíamos salido adjudicados en un plan de vivienda y ocupamos los lotes que nos dijeron que nos iban a dar. La fiscalía no nos imputó porque entendió que había legitimidad en nuestro reclamo”, indicó María Teresa García, referente del grupo.

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Paso a paso

Usurpación. Según el artículo 181 del Código Penal, la usurpación de un terreno o una vivienda es un delito que puede ser penado con prisión de seis meses a tres años. Es excarcelable, a menos que haya reincidencia.

Desalojo. Cuando culmina una investigación, y la fiscalía puede determinar que la posesión del inmueble pertenece al denunciante, se da una orden de lanzamiento que lleva al desalojo. La función de la Justicia no es encontrarle una solución a quienes se expulsa de un inmueble, pero si el caso lo requiere se solicita la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social. Los denunciados se pueden oponer a la medida y entonces debe intervenir un juez de control.