Usuarios vuelven a la carga por la suba de la tarifa del agua

Protestaron en la Justicia y reclamaron “dar marcha atrás”
Con carteles que decían “No al tarifazo de Absa”, un grupo de usuarios se concentró ayer frente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata para pedir “la urgente suspensión del 180% de aumento dispuesto por el Ejecutivo Provincial en forma ilegítima sin la participación de los usuarios en Audiencia Pública”, según se expresó en una nota. La jueza Claudia Milanta se excusó de recibir la petición, pero escuchó las quejas de los usuarios: “no me puedo reunir con ninguna de las partes porque pueden plantear la nulidad. Pero quédense tranquilos que el expediente se da en un marco de regularidad procesal y el conflicto se va a resolver de acuerdo a derecho”, dijo la magistrada.

Los vecinos se presentaron en el tribunal que estudia la apelación que hizo la empresa de servicios para suspender la disposición del juez Luis Arias de dejar sin efecto el aumento, hasta tanto se resuelva la “cuestión de fondo”, es decir la legitimidad o no de la modificación tarifaria.

“No existe antecedentes de un incremento similar en ningún servicio público o privado, en ningún producto, en ningún indice de medición de precios, oficiales, privados o provinciales, o sea no existe parámetro que justifique el incremento”, apuntó Bruno Markovich, integrante de un foro de usuarios que reclama dejar sin efecto la suba.

El grupo que participó ayer de la concentración remarcó que a muchos usuarios “se les está acumulando una deuda que les resultará difícil de saldar si el fallo de la justicia les resulta adverso. Es inaceptable e indigno que para conseguir la reducción de la ilegal tarifa, se deba presentar documentación que justifique la pobreza”, se apuntó.

En otro orden, sobre la recusación que planteó días atrás la Defensoría Ciudadana de La Plata a los jueces Gustavo Spacarotel y Gustavo De Santis y que se originó “por haber adelantado opinión en pleno proceso judicial”, las magistradas Milanta, Ferrer y Bermejo resolvieron rechazar el pedido al entender que “no es la recusación la forma de impugnar las opiniones que los jueces han emitido cuando son llamados a actuar en una causa”.

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