Tal como estaba previsto, distintas organizaciones de defensa a los usuarios tucumanos reclamaron ayer que se suspenda el anunciado incremento del 25 por ciento en el servicio de agua y cloacas, a partir de enero próximo, por considerar que el mismo no está justificado.

La Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Tucumán (FONGT), el Frente de Defensa de Consumidores y Usuarios y Conciencia Ambiental, entre otras entidades intermedias, elevaron una nota a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), exigiendo que de marcha atrás con la medida.

Según explicó a EL SIGLO José García, titular de la FONGT. en la nota entregada a la empresa advirtieron que "el tarifazo no está justificado, debido al deficiente servicio que brinda la empresa, lo cual se refleja en las permanentes quejas de los vecinos del área metropolitana que padecen la falta de agua cada vez que hace calor Además, la SAT viene aplicando aumentos anuales cada verano desde 2008, con el argumento de que está haciendo obras para mejorar la calidad del servicio, pero vemos que sigue siendo totalmente deficiente", sentenció.

Los usuarios recordaron, en la nota dirigida a la SAT, que "el servicio del agua en Tucumán, que si se llegara a aplicar este incremento llegaría a 50 pesos, en promedio, es caro en comparación con otras provincias, como Salta, donde se pagan 22 pesos, Santiago del Estero, donde se abonan 26 pesos, o Córdoba, donde las boletas son de 35 pesos".

Por otro lado, las organizaciones mencionadas también entregaron un petitorio al defensor del Pueblo, Hugo Cabral, solicitando que "intervenga con todos los medios administrativos y legales a su alcance para impedir el incremento que anunció la SAT". "Planteamos que este aumento es ilegal, porque viola los derechos establecidos en la Ley 24240, de Derecho del Consumidor, que establece que a una buena prestación de servicio corresponde igual paga, lo cual ante la mala calidad del servicio lo hace injustificado; y porque la decisión de aumentar el servicio fue adoptada unilateralmente por la empresa, sin haber notificado a los organismos de usuarios con 30 días de antelación, como establece la ley. Por eso, le pedimos al Ombudsman que convoque a audiencia con representantes de la SAT y de las organizaciones de usuarios para analizar el cuadro tarifario", explicó García.

En la misiva enviada al Defensor del Pueblo, las entidades de usuarios también advirtieron que "este aumento es inoportuno, ante la proximidad de las Fiestas, lo que implicará un fuerte golpe al bolsillo de la gente en una época de mayor consumo".

Por otro lado, García dijo que solicitaron a Cabral que arbitre las medidas necesarias "para que no se produzca ningún incremento en los servicios públicos hasta tanto se produzca la normalización de los entes de control con la participación de representantes de los vecinos".

Finalmente, informó que se acordó "un compás de espera hasta el 15 de diciembre, para ver si la SAT decide dar marcha atrás con el anuncio y conocer cuál es la postura que adoptará la Defensoría del Pueblo, ante las notas presentadas. Si se ratifica el aumento, el 15 se resolverá una movilización con protesta frente a la empresa", advirtió.