Asociaciones de usuarios y consumidores pedirán a la Justicia la nulidad del controvertido incremento en el costo del boleto, dispuesto el pasado jueves por la mayoría calificada en el Concejo Deliberante capitalino.

Sobre el particular, el referente de la Coalición Cívica, Hugo "Cuqui" Calvano, ratificó que elevaron siete amparos a diferentes juzgados para frenar el boletazo antes de su implementación y están trabajando junto a su equipo técnico para invalidar la controvertida suba, habida cuenta los incumplimientos de la empresa Ersa a la hora de materializar los ítems exigidos en el pliego de licitación.

"Nosotros no vamos quedarnos de brazos cruzados, ya que el monopolio empresarial pasa por arriba de los derechos ciudadanos. Desde mi espacio político vamos a ir a la Justicia y en estos momentos nuestros abogados están presentando los amparos respectivos con la firma de los usuarios que reclaman la audiencia pública", aseguró a EL LIBERTADOR el joven dirigente que exige la implementación de la audiencia pública para debatir "a fondo" el tipo de transporte público que debe tener la Capital provincial, dado que la polémica disposición repercute directamente en el bolsillo de los contribuyentes.

DOCUMENTACIÓN

"Hemos presentado más de 2.500 firmas pidiendo que se trate con audiencia pública. La Presidente del Concejo me adelantó que sus intenciones son las de no tratar con la palabra de los correntinos, dice que la carta orgánica no lo prevé", agregó Calvano y resaltó que debe buscarse una salida jurídica a la falta de actualización de la Carta Orgánica comunal.

"Hay concejales del oficialismo que tienen una postura empresarial, y no escucharon los reclamos de los vecinos al momento de la votación", y agregó: "Es mentira que exista presión de Ersa al Municipio ¡ellos son aliados!", exclamó.

Cabe recordar que desde el jueves queda un plazo de 30 días para que el Ejecutivo promulgue la nueva tarifa y entre en vigencia.

La competencia de las defensorías

Tras la aprobación del boletazo, no fueron pocos los que consultaron sobre las potestades que le corresponden a los Defensores (del Pueblo y Vecinal) para albergar denuncias de usuarios con respecto a deficiencias del sistema de transporte.

El defensor del Pueblo de Corrientes, Miguel Alegre, dijo que el aumento del boleto "no es de su competencia ya que es un tema municipal. Por ley estamos habilitados para trabajar sobre asuntos provinciales".

Alegre agregó: "En temas municipales tiene intervención la Defensora de los Vecinos. Es ella la que tiene que plantear las cuestiones de la Comuna. Bajo mi competencia están reclamos o quejas a empresas privadas y provinciales", declaró Alegre.

Por su parte, la Defensora vecinal, Griselda Méndez Lizarro, comentó que a su oficina "no fue nadie a reclamar por el costo del transporte".

El cuestionamiento que sí hicieron los vecinos, según la funcionaria, es "el problema de la frecuencia".

Méndez Lizarro expresó que junto a secretarios tomó cartas en el asunto. "Fuimos de oficio a investigar, para aportar a la discusión parlamentaria", manifestó. En ese sentido, recordó: "Si no hay respuestas satisfactorias por parte de los organismos (ante los reclamos), iremos a la Justicia".