Negrelli al ser consultado manifestó que, “hoy por hoy estamos en medio de un litigio y nuestra intención es aclarar cuál es la realidad, porque ABSA ha comenzado a hacer un bombardeo en los medios y está mal informando sobre el cuadro de situación actual”.

Dijo que la Cámara en lo Contencioso y Administrativo, no ha fallado respecto a lo que determinó el Juez de Primera Instancia, que es la nulidad del decreto que permite el aumento tarifario del 200 por ciento, pero con la salvedad de que la misma Cámara, lo que hizo fue suspender los efectos del fallo del Juez de Primera Instancia.

Agregó que la Cámara, en una interpretación muy poco jurídica, expresó que mientras se aboca al estudio del fallo del Juez, le permite a ABSA cobrar con los valores que marca el decreto.

Indicó luego que, “en el mes de mayo, se hizo una presentación judicial donde entendíamos que el decreto fallado como nulo, estaba viciado porque no aparecería el justiprecio; no se había realizado la audiencia pública que es obligatoria y previa a cualquier modificación de aumento tarifario y en tercer lugar, el decreto decía que parte de este incremento iba a estar vinculado a un plan de inversión, que tampoco figuraba como anexo del decreto”.

Más adelante, Negrelli, entre otros conceptos manifestó, que “luego de idas y venidas en la segunda semana de agosto, ABSA consiguió ser autorizado a cobrar con el aumento hasta tanto se analice el fallo del Juez de Primera Instancia”.

Agregó que, “si la Cámara llega a fallar dando validez al decreto, llegaremos a la Suprema Corte de Justicia, porque entendemos que nos asiste la razón, creemos que está viciado de nulidad y además es un aumento ilegítimo porque el tipo de prestación que hace ABSA respecto a los servicios, es absolutamente deficitario, no hay ninguna inversión y una falta de respeto tremenda al usuario”.

Pidió al usuario que no se deje engañar por ABSA, que exija que se le cobre con el importe del mes de mayo, porque lo que está en litigio es el aumento.

También remarcó que, “la ABSA es la única empresa netamente estatal, porque el 90 por ciento es del Estado Provincial y el restante 10 por ciento pertenece a los trabajadores de Obras Sanitarias; aquí no hay capitales privados, no hay una sociedad anónima, hay una empresa del Estado manejada de manera privada. A la plata la ponemos los bonaerenses, nos cobran la factura con un nivel de aumento muy alto, sin importarle absolutamente nada”.